Es difícil de entender que algunas personas paguen la llamada pena de telediario cuando llegan a la Audiencia Nacional o a cualquier otro juzgado del país, y otras vean protegida su imagen con todas las garantías. Esta arbitrariedad se produce mientras España deriva hacia una restricción organizada y generalizada de la libertad de información.
La ley de seguridad ciudadana sanciona la toma de imágenes de la actuación policial en una manifestación. Y la ley de transparencia, contrariamente a lo que se esperaba de ella, da por bueno el silencio como respuesta y no obliga a todas las instituciones; en definitiva, no preserva el derecho a la información reconocido y garantizado en la Constitución.
Las cada día más frecuentes comparecencias públicas de gobernantes en las que no se admiten preguntas o se selecciona a los periodistas que pueden hacerlas contribuyen a que España ocupe el número 36 en el ranking mundial de libertad de prensa. Es otra constatación de la pérdida de calidad de nuestra democracia.
