El colectivo al que va destinada la nueva ley estatal de trabajo autónomo supone más de tres millones de personas en el país (más de 100.000 en Aragón), lo que da idea de la influencia social, laboral y económica que adquieren los cambios en la legislación que se están ultimando. Numerosas ventajas en las cotizaciones sociales, bonificaciones en la contratación y gastos deducibles permiten al colectivo afrontar el 2018 con perspectivas de mejora. Aunque Aragón ha perdido más de 600 autónomos en un año. Quizá la nueva normativa sirva de acicate para recuperarlos.
