El real decreto-ley más esperado por los aragoneses en los últimos años, el de derogación del trasvase del Ebro, ya está a punto. Hoy lo defenderá la ministra Cristina Narbona ante el Consejo Nacional del Agua y en los próximos días será aprobado por el Consejo de Ministros. El texto suprimirá nueve artículos del Plan Hidrológico Nacional, precisamente los relativos a la transferencia de agua desde el Ebro al Mediterráneo, y planteará obras alternativas para que esas cuencas con déficit mejoren su situación. Pero lo más relevante del histórico documento es el contundente argumentario que empleará el Gobierno para justificar la anulación. El real decreto-ley deja claro que la obra es insostenible medioambiental, económica y técnicamente. Es más, para Narbona, la puesta en marcha de la obra hubiera supuesto un "despilfarro" de agua y de dinero absolutamente inadecuado, tal y como había quedado demostrado en España y ante Europa. El decreto, en fin, recogerá los mismos argumentos defendidos durante tres años por el Gobierno de Aragón y por una inmensa mayoría de ciudadanos de una comunidad que con la decisión de Madrid ha ganado una batalla crucial para, al menos, no ver condicionado su futuro.
