La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acató ayer el fallo del Consejo de Estado que, por segunda vez, dictaminó que el decreto que suspende el valor académico de la Religión y la aplicación de los itinerarios previstos en la ley de calidad (LOCE) es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. El organismo, que ya consideró el 27 de mayo que la paralización de la LOCE se ajusta a derecho, emplazó a Aguirre a cumplir las normas educativas que determine el Gobierno central.
El Ejecutivo madrileño consultó al Consejo de Estado el 2 de junio si el decreto que aplaza la LOCE, aprobado por el Gobierno el 28 de mayo, puede tener carácter retroactivo e invalidar sus propios decretos.
El organismo consultivo precisó ayer en su dictamen que la Comunidad de Madrid "no tiene por qué derogar sus decretos o sus órdenes", pero "debe ajustarse al nuevo marco de la legislación básica vigente".
"Desde hoy la incertidumbre ha quedado totalmente despejada. Dijimos que, estuviéramos o no de acuerdo, acataríamos el dictamen. Y lo acatamos", anunció Aguirre. No obstante, la presidenta de Madrid arremetió contra la "prepotencia", "autoritarismo" y "soberbia" con que, a su juicio, ha actuado el Gobierno central, "al querer derogar una ley orgánica con un decreto y sin consultar con las comunidades".
El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) recordó que, además, también el Tribunal Supremo rechazó ayer la suspensión cautelar urgente, formulada el pasado lunes por siete comunidades gobernadas por el PP, del decreto que establece la nueva aplicación de la LOCE.
El PSOE e IU pidieron la dimisión del equipo de la consejería madrileña de Educación. "El dictamen es un tremendo varapalo para el Gobierno regional. Quizá debiera abandonar su cargo Aguirre", dijo el portavoz socialista Rafael Simancas. Los directores de instituto pidieron que "alguien asuma las responsabilidades de este asunto", que ha llevado la incertidumbre a toda la comunidad educativa.
