La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC) ha multado con 18,4 millones de euros a Nuclenor, sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa que gestiona la central nuclear de Garoña, por cerrar la planta en diciembre del 2012 sin autorización. El organismo regulador lo considera una infracción muy grave porque "no se puede reducir la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica sin autorización", informó ayer en un comunicado.
Nuclenor acordó el cese de explotación de la central burgalesa en diciembre del 2012, casi seis meses antes de la fecha inicialmente fijada por orden ministerial (6 de julio de 2013).
Iberdrola y Endesa decidieron parar Garoña en respuesta a las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares aprobados por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica que, en su opinión, hacía la central "inviable". Desde entonces, el Ejecutivo mantiene abierta la puerta a que retome la actividad.
PETICIÓN PARA RENOVAR Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta el año 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó la solicitud y dos días después el Gobierno pidió al CSN el informe preceptivo. Si es negativo obligará al cierre y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y el Consejo de Ministros.
La CNMC acordó iniciar un expediente contra Nuclenor en julio del 2013 (fecha en que expiraba la autorización) por haber acordado el cierre "sin que concurrieran razones técnicas ni de seguridad que lo justificaran".
Seis meses antes, el consejo de Nuclenor había acordado "la adopción de las medidas necesarias para la extracción definitiva del combustible nuclear irradiado en la central y su descarga en la piscina de combustible gastado, con el consiguiente cese definitivo de la central con anterioridad al 31 de diciembre".
La parada efectiva de la central se produjo a las 22.57 horas del 16 de diciembre del 2012. La planta cuenta con una potencia neta de 455,29 megavatios que no ha estado a disposición del sistema eléctrico entre el 16 de diciembre del 2012 y el 6 de julio del 2013.
LA SANCIÓN El importe de la sanción, añade el organismo presidido por José María Marín, se ha calculado conforme a los criterios de graduación previstos en la ley, en particular el daño causado y el beneficio ilícito obtenido. No obstante, el importe final queda limitado por la regla de máximos, en virtud de la cual la cuantía de la multa no podrá superar el 10 % del importe neto anual de la facturación del infractor, que ascendió a 184 millones de euros, por lo que la multa es de 18,4 millones.
