Las carreteras sufren un repunte de la siniestralidad, desde el año 2015, que requiere de nuevas medidas y esfuerzos para que los conductores cumplan las normas y, con ello, se reduzcan los accidentes. El diagnóstico es compartido por el nuevo director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y el fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas. Y también la solución: incrementar los controles para que los conductores no se relajen y sientan que ante la mínima infracción la posibilidad de que te «pillen» es total. «La supervisión salva vidas», señaló ayer el representante del ministerio público.

Por ello, el fiscal ha remitido un oficio a las policías judiciales de tráfico para que se «esmeren», actúen con «mayor rigor y eficacia» en la investigación de los delitos y aumenten los controles, especialmente sobre alcohol y drogas. El último informe del Instituto de Toxicología, presentado esta semana, arroja el dato de que un 42% de los conductores fallecidos en el 2017 habían consumido sustancias que dificultan la conducción, entre las que se incluyen también los psicofármacos. Por ello, el director de la DGT, en consonancia con la fiscalía, anunció en aquella presentación que efectivamente habrá más controles, aunque ya se incrementaron en el 2017.

Ambas instancias coinciden en que el uso del móvil es, en estos momentos, «la principal causa de siniestralidad», por ello la DGT estudiará penalizar con entre 4 y 6 puntos que se consulte el teléfono mientras se conduce (ahora se pierden tres). Además, la fiscalía ha pedido a la Policía que investigue pormenorizadamente en los accidentes que han causado muerte o lesión para ver si el motivo es la distracción provocada por el uso del móvil. En este caso, debe ser penado con entre 1 y 4 años de prisión.

El fiscal pide informes detallados sobre la frecuencia y la duración del uso del móvil durante el desplazamiento y estudia una reforma legal para que los agentes puedan consultar las llamadas y los mensajes enviados por el conductor sin cortapisas. La ley de enjuiciamiento criminal es muy garantista respecto a la intimidad del acusado, por ello la fiscalía está haciendo un «examen jurídico» para, en breve, dar instrucciones precisas a los agentes sobre la posibilidad de consultar las llamadas previas.