El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la autorización de gasto del llamado Plan Corresponsables, que este año está dotado con 200 millones de euros. Se trata de un nuevo programa de ayudas, impulsado por el Ministerio de Igualdad, destinado a que, por primera vez, el Estado se corresponsabilice del cuidado de los menores, tal como ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera.
Y es que, hasta ahora, las medidas de conciliación se concentran en el ámbito del nacimiento, con los permisos de nacimiento o lactancia, o en las reducciones de jornada o excedencia, que piden de forma mayoritaria las madres. Pero son recursos parciales que se limitan a periodos concretos y que impactan en las carreras profesionales de las mujeres, según destaca la propuesta de acuerdo del Gobierno en la que se fijan los criterios de reparto de 190 millones entre las autonomías, que serán las que gestionen estas ayudas, y que tiene que ser ratificado en Consejo Interterritorial.
Igualdad es consciente que 200 millones es una partida "austera" pero, según ha destacado la secretaria de Estado, la intención es crear una política semilla que abarque la crisis estructural de cuidados con la creación de un sistema nacional que abarque también la dependencia, además del cuidado de los menores de 14 años.
Empleo de calidad
De momento, el dinero consignado podrá ser invertido por las autonomías en la financiación de tres tipos de proyectos: el primero, relacionado con la creación de una "bolsa de cuidado profesional", que podrán efectuarse en el domicilio o en dependencias públicas. El segundo destinado a la creación de "empleo de calidad", con el objetivo de incluir en las mencionadas bolsas de cuidado a jóvenes con determinada formación o a mayores de 45 años con experiencia profesional en el sector. Y el tercero, destinado precisamente a la "acreditación de la experiencia" de esas miles de cuidadoras que trabajan en el mercado sumergido.
Aún no se ha cuantificado cuántos cuidadores se podrán contratar ni cuántas familias podrán beneficiarse, pero sí se ha decidido priorizar a las familias monoparentales, a las víctimas de la violencia de género, a mujeres en situación de desempleo de larga duración, a mujeres mayores de 45 años o a unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados. Asimismo, se tendrá en cuenta el nivel de renta.
A su vez, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido que el cuidado de los menores es un ámbito en el que apenas ha habido iniciativa política y que, con este plan, se camina hacia la construcción de una red pública de cuidados.
