El Gobierno apostará a fondo por el ferrocarril. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020 analizado ayer por el Consejo de Ministros prevé destinar al tren 103.410 millones de euros, el 42% de la inversión prevista para todos los sectores, que alcanzará los 241.392 millones. El objetivo es potenciar el transporte "más seguro y más sostenible", en palabras de la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, que presentó el proyecto.

Con esos 103.410 millones, el Gobierno prevé construir una red ferroviaria de alta velocidad de casi 9.000 kilómetros que se sumarán a los 1.034 existentes en la actualidad y que será apta tanto para pasajeros como para mercancías.

La coexistencia de los dos tipos de trenes en las mismas vías comporta un cambio radical respecto al proyecto de doble red previsto por el anterior Gobierno. Por un lado, significará un importante ahorro de costes, pero está por comprobar hasta qué punto no quedará afectada la velocidad de los trenes de pasajeros.

La actual tecnología no permite que pasajeros y mercancías circulen juntos a más de unos 250 km/h, una velocidad inferior al AVE Madrid-Sevilla y muy inferior a la prevista para el Madrid-Zaragoza-Barcelona. La ministra advirtió de que cuenta con "las mejoras tecnológicas que puedan producirse hasta el 2020".

El otro gran objetivo del plan es la ampliación de la red de carreteras de alta capacidad, con el objetivo primordial de reducir la siniestralidad, "mucho más baja en autovías y autopistas que en las vías convencionales". La propuesta consiste en construir 6.000 nuevos kilómetros de vías de doble sentido.

Para financiar el plan, el Gobierno se comprometerá a un aumento anual del 6% de la inversión en infraestructuras. El 60% se financiará con fondos públicos, incluidas las aportaciones comunitarias, y el resto provendrá de una colaboración público-privado. Alvarez calculó que la aportación neta del sector privado rondará el 20% del total.

La inversión privada alcanzará la proporción más alta en el transporte aéreo. El proyecto prevé que la financiación mixta alcance en este sector el 90%, lo que puede significar la entrada de capital privado en AENA, el ente público que gestiona y explota los aeropuertos.

El documento será sometido a consultas con las comunidades autónomas y los sectores implicados y volverá al Gobierno para su aprobación y remisión a las Cortes alrededor del próximo marzo.