El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no quiere retrasos en dos de sus leyes estrella: la reforma del Código Civil que permite el matrimonio homosexual y el cambio en la elección de los altos cargos de la carrera judicial. Por ello, rechazó la pretensión de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que quería intervenir en esas reformas.

El pleno del CGPJ volvió ayer a celebrar una sesión de confrontación. Los dos bloques, la mayoría conservadora y la minoría progresista, escenificaron sus divergencias. Al final, se impuso el rodillo y los conservadores decidieron plantar cara al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por un lado, 12 vocales conservadores pidieron al Ministerio de Justicia la remisión del proyecto que regula los matrimonios homosexuales. El vocal Adolfo Prego explicó que el Poder Judicial debía "participar en el debate de una reforma que acaba con años de discriminación". Los seis vocales progresistas se negaron a esa solicitud por entender que el CGPJ "no es un consejero universal del Gobierno", según el vocal Luis Aguilar. Otros dos vocales se abstuvieron. El ministro de Justicia ha dado la razón a los progresistas al entender que es el Ejecutivo el que tiene que decidir la conveniencia de oír o no al órgano de gobierno de los jueces.

CAMBIO MINIMO Los vocales conservadores decidieron ampliar el plazo que les dio el Gobierno, 15 días, para pronunciarse sobre la reforma que establece que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales superiores de justicia sean votados por tres quintas partes de los vocales del CGPJ. Adolfo Prego justificó esa demora porque era necesario conocer la opinión del Supremo. Pero López Aguilar se ha negado a ampliar ese plazo al considerar que "no hay razón que indique que es necesaria esa ampliación, porque la reforma es mínima".