La ley del palo y el tentetieso con la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiere, entre otras cosas, aplacar el creciente malestar que se expresa en la calle en forma de protestas frente a las instituciones públicas provoca sarpullidos en la mayoría de los españoles. Solo una de las cinco principales medidas contempladas en el cambio legislativo tiene más partidarios que detractores: elevar las multas que se imponen por tenencia de drogas.

Es la medida más contestada por los encuestados por el GESOP. Siete de cada diez españoles se muestran contrarios a que los vigilantes privados, que reciben mucha menos formación que un agente de policía, puedan identificar y retener a ciudadanos en la vía pública en determinadas circunstancias, como prevé el proyecto de ley de seguridad privada aprobado en diciembre por el Congreso. También una exigua mayoría de los votantes del PP (51%) expresa su desacuerdo, aunque cuatro de cada diez (41,2%) apoyan que se den las nuevas prerrogativas a los vigilantes privados.

Escraches y protestas no comunicadas ante instituciones públicas, como las organizadas por el movimiento Rodea el Congreso, podrán ser sancionadas con hasta 600.000 euros, así como grabar y difundir imágenes de agentes de policía, lo que genera el rechazo de casi dos tercios (64,4%) de los consultados. En esta ocasión, solo la mayoría de quienes expresan su afinidad con el Partido Popular apoyan las multas (56,5%), aunque casi cuatro de cada diez (38,1%) se declaran en desacuerdo. Los hombres (33,7%), las personas de 60 o más años (39,7%) y aquellas con un mayor nivel de estudios (33,6%) son las que más se inclinan por dar su aprobación a estas sanciones.

Los votantes del PP (53,1%) y los de UPD (60%) son los únicos de los encuestados que se muestran mayoritariamente de acuerdo con que se debe multar a las prostitutas que ofrecen sus servicios a pie de carretera. Con todo, la medida causa una profunda división en el conjunto de los españoles. La apoyan el 45,1%, mientras que la rechazan el 49%. En esta ocasión, son los más jóvenes (el grupo de edad que corresponde al de entre 18 y 29 años) los más favorables a las sanciones, y también lo son algo más, en esta ocasión, las mujeres (45,5%) que el grupo de los hombres (44,6%).

Los abucheos al himno español en los estadios de fútbol, o la quema de banderas rojigualdas en manifestaciones sulfuran sobre todo a los votantes del PP (69,4%) y los de UPD (60%), que piden se sancionen estas conductas. Entre los socialistas y los de IU el porcentaje se diluye hasta un 36,4% y un 28,8%.

La única medida que merece el respaldo unánime de todos (excepto los de Amaiur, que se desmarcan con un 25%) es la de endurecer las sanciones económicas por tenencia de estupefacientes. Con la medida está de acuerdo un amplio porcentaje de los españoles (67,6%, cerca de siete de cada diez), en especial las mujeres (74,6%) y los consultados de entre 30 y 44 años (71,9%) y los de 60 o más (69,4%). El incremento de las multas lo demandan los votantes de UPD (83,3%) y PP (80,6%).