El veto de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a las bodas de homosexuales y el llamamiento de los obispos a que los diputados católicos se opongan abiertamente a esa iniciativa legislativa, que el Gobierno socialista pretende sacar adelante en los próximos meses, generó ayer una enorme oleada de críticas desde las filas políticas, la judicatura y los colectivos gays.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó a los obispos que, si bien ellos pueden ejercer su autoridad sobre la comunidad de creyentes, el Gobierno ha asumido determinados compromisos ante la ciudadanía a través del proceso electoral que deben ser cumplidos. Según López Aguilar, el Ejecutivo tiene "el deber democrático" de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo para "remover barreras de desigualdad" entre la población.
"VERDAD ABSOLUTA" Izquierda Unida reclamó a los prelados que "acepten las reglas del juego de un Estado democrático", cuyo laicismo está avalado por la Constitución. IU considera que la Iglesia católica "se atribuye la posesión de la verdad absoluta sobre razones antropológicas, sociales y jurídicas" para cuestionar "la legitimidad de los poderes legislativo y ejecutivo".
El Gobierno también contó con el respaldo de la asociación progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Edmundo Rodríguez Achutegui, explicó que, a diferencia de lo sostenido por el episcopado, "el matrimonio no es de forma natural entre un hombre y una mujer, sino lo que las leyes dicen que es".
El juez subrayó que en la Constitución hay un mandato expreso para proteger a la familia, pero nada se dice sobre la imposibilidad de regular las bodas gays. Rodríguez teme que la Iglesia trate de imponer su moral sobre este asunto "como ya intentó hacer con el divorcio, la educación, la ética y el aborto".
Otros partidos, como Unión Alavesa (UA) o Eusko Alkartsuna (EA) también mostraron ayer su perplejidad por las declaraciones de la CEE. La secretaria general de UA, Enriqueta Benito, dijo que las impresiones de los obispos "no se corresponden con la realidad social" y denunció que la Iglesia va por un camino "retrógrado". Por su parte, Onintza Lasa, portavoz de la Ejecutiva Nacional de EA, calificó de "anacronismo antidemocrático" la negativa episcopal al matrimonio de los homosexuales.
PROCESO IMPARABLE La presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Beatriz Gimeno, dijo estar convencida de que "la igualdad social es imparable", porque vivimos en "una sociedad madura que no quiere que la Iglesia administre sus derechos". Para Gimeno, la actitud de los obispos denota "un intervencionismo trasnochado propio de otros tiempos". La federación calificó la toma de postura de los miembros de la Conferencia Episcopal de "nueva incursión en la política española".
