Tras la sentencia de La manada y el despertar feminista que eclosionó el 8-M, la lucha contra las agresiones sexuales se está abriendo paso en la agenda política. Podemos presentó ayer una ley de protección integral de la libertad sexual y la erradicación de la violencia sobre la mujer y el Gobierno anunció que estudia dar a las afectadas el mismo tratamiento que a las víctimas de la violencia machista, de manera que gocen del derecho a la asistencia jurídica gratuita y dispongan de un asesoramiento y acompañamiento similar al de las maltratadas.

Ya el pacto de Estado contra la violencia machista contempla incluir en la ley integral contra esta lacra medidas preventivas y estadísticas sobre el resto de acosos que sufren las mujeres por su condición. Asimismo dispone que se aprueben leyes específicas con medidas de intervención y protección contra la trata y las agresiones sexuales. Sin esperar a que el Gobierno cumpla el acuerdo, Podemos presentó ayer su propia propuesta de normativa respecto al segundo problema, que contempla cambios penales, así como medidas de prevención, sensibilización y protección.

El partido morado propone, por ejemplo, eliminar la diferencia entre agresión y abuso sexual. Con ello, no se requerirá que haya violencia, intimidación o resistencia para el primer tipo, el más grave. Asimismo, plantea un delito leve de acoso en la vía pública, para castigar con multas de 3 a 9 meses o trabajos en beneficios de la comunidad a aquellos que atenten contra la dignidad de las mujeres en sitios públicos.

INTIMIDACIÓN / En concreto, propone castigar a «proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria». En Francia ya existe un tipo penal similar. El partido de Pablo Iglesias, tras escuchar el martes que la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, proponía tipificar como violación toda relación sin consentimiento en el que la víctima no diga sí, tiene esperanzas en que su ley avance antes de que expire la legislatura.

La propuesta que Podemos ha consensuado con colectivos feministas y juristas no busca agravar las penas, sino que las agredidas no tengan que pasar el calvario judicial a la que se vio sometida la víctima de La manada. De hecho se introduce en el tipo penal único el agravante de violación en grupo, con un castigo de 8 a 13 años.