Un guardia civil destinado en Puebla de Sanabria ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de abusos sexuales a una menor. La titular del Juzgado de este municipio ordenó el ingreso en prisión del agente de la Benemérita, que el pasado jueves fue trasladado al centro penitenciario de Topas (Salamanca).
Según la información adelantada por la agencia Ical y confirmada por este diario, el Juzgado número 1 de Puebla de Sanabria lleva el caso con «absoluta discreción» para preservar los derechos de la menor, al igual que la propia institución de la Guardia Civil, donde se ha impuesto el mutismo absoluto.
Precisamente ha sido el Emume (Equipo Mujer Menor) de la Guardia Civil el encargado de investigar el caso y trasladar las diligencias al Juzgado. Se trata de un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil especializado en hechos delictivos en los que se encuentran implicados mujeres y menores, tanto en calidad de víctimas como de autores.
Pese a la discreción y secretismo con el que se lleva el caso, la noticia ha causado un considerable impacto en el seno de la Guardia Civil y no menos en Puebla de Sanabria, donde se habría producido el delito de abusos sexuales a una menor por parte de un agente de la Benemérita. Aunque inicialmente el presunto agresor se encuentra en la prisión de Topas, por su condición de agente de la autoridad podría ser trasladado a otro centro penitenciario.
OTRO DETENIDO
Una menor de 17 años denunció la noche del pasado lunes una agresión sexual en San Sebastián, según explicó ayer por la mañana el alcalde, Eneko Goia. La investigación la lleva a cabo la Ertzaintza, que detuvo a un joven de 18 años que a las seis de esta tarde pasó a disposición judicial y en estos momentos se encontraría en la sede del Juzgado de Guardia de la capital guipuzcoana.
Esta agresión tuvo lugar durante la madrugada del lunes pasado en una casa okupa del centro de la ciudad, según informó el Departamento vasco de Seguridad.
La Diputación de Guipuzcoa condenó «rotundamente» la agresión. La portavoz foral, Eider Mendoza, subrayó que «la integridad física y la dignidad de la persona son derechos inviolables». «Las conductas que atentan contra estos derechos no tienen lugar en nuestra sociedad. Son injustas e indignantes», subrayó Mendoza, para quien «las últimas agresiones han puesto de manifiesto que cada vez hay una mayor sensibilización e implicación» social en contra de estos delitos.
