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La vuelta a la salud para todos, revirtiendo la decisión del PP que dejó fuera del sistema a los inmigrantes en situación irregular y adelantada ayer tras el Consejo de Ministros, no será la única medida en este campo que abordará a corto plazo el Ejecutivo socialista. Casi en paralelo, aunque aún no haya sido anunciado, el Gobierno se prepara para poner fin al copago farmacéutico para los pensionistas, en vigor desde el 2012, cuando Mariano Rajoy aprobó la iniciativa, por la que los jubilados, salvo los que perciben pensiones no contributivas o mínimas, abonan una parte de la cuantía de los medicamentos que les dispensan en las recetas.
El PP aprovechó el mismo real decreto que acabó con el carácter universal de la sanidad, el 16/2012, para instaurar el copago. La decisión no está tomada, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez se inclina por utilizar también el real decreto anunciado este viernes, que se aprobará dentro de seis semanas, a finales de julio, para tumbar también la controvertida iniciativa farmacéutica.
A diferencia de la salud para todos, cuyo coste en principio será mínimo, el fin del copago sí tendrá un impacto económico relevante. Aunque fuentes del Ministerio de Sanidad señalan que todavía no han «hablado en profundidad» con los departamentos de Economía y Hacienda, el cálculo es que podría suponer un gasto de entre 450 y 500 millones de euros al año.
Críticas al PP y Cs / Las críticas al copago han ocupado un lugar central en el discurso de Sánchez contra Rajoy. «Lo que ha ocurrido en estos años es la historia de un recorte tras recorte de la sanidad de este país», dijo el líder socialista durante la campaña de las generales del 2015. «Quiero acabar con los copagos, porque considero que la sanidad es un derecho. Apostamos por las subastas de medicamentos y no por los copagos», añadió. El ahora presidente del Gobierno también ha emple-
