Los gobiernos europeos deberían haber trasladado a sus respectivas legislaciones nacionales, como muy tarde en diciembre del 2013, la directiva contra el abuso y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Cinco años después, España -junto a Italia y Portugal- es uno de los Estados miembros que siguen sin aplicar la normativa, según la versión del Ejecutivo comunitario, y por ello Bruselas ha decidido actuar lanzando un procedimiento de infracción.
«Para garantizar la protección de los menores frente a los abusos sexuales, los Estados miembros deben cumplir plenamente las disposiciones de la directiva», ha avisado Europa, recordando que las autoridades españolas tienen ahora dos meses para responder y corregir los problemas identificados. Si no, el Ejecutivo de la UE podría activar la segunda fase, con el envío de un dictamen motivado, previo paso a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Unión Europea cuenta desde finales del año 2011 con una normativa «estricta» que penaliza estos abusos, que garantiza sanciones a los delincuentes y protege a las víctimas menores de edad. Los 28 deberían haberla transpuesto a más tardar en diciembre del 2013 pero, al vencer el plazo, solo 12 Estados miembros habían concluido el trámite para cumplir con una directiva que incorpora en un mismo instrumento jurídico disposiciones que cubren la investigación y el enjuiciamiento de los delitos y la asistencia a las víctimas y su protección.
Por ejemplo, la normativa tipifica un amplio elenco de situaciones que constituyen abusos o explotación sexual de menores con supuestos nuevos como el embaucamiento de menores a través de internet o los abusos sexuales por medio de cámaras web. También endurece las penas, amplía los plazos de prescripción e incluye la evaluación obligatoria de los obstáculos a la hora de denunciar y mecanismos para inhabilitar a delincuentes condenados para el ejercicio de actividades profesionales en contacto con menores.
Para el Gobierno español, todas estas disposiciones están ya incorporadas en la legislación. En diciembre el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de protección a la infancia que, cuando entre en vigor, según el Ejecutivo, situará al país «a la cabeza de la UE» en la lucha contra el abuso y maltrato infantil.
