En la Comunidad Valenciana los tratamientos que prometen modificar la orientación sexual van a salir muy caros, concretamente a quien los oferte. La aprobación en las Cortes de la ley LGTBI esta semana supone que se castigará como infracción muy grave, con multas desde 60.001 hasta 120.000 euros, este tipo de prácticas. El artículo 7 prohíbe explícitamente «la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas». «Son una auténtica tortura y una crueldad y nos vamos a situar como un territorio libre de esas terapias», explicó la vicepresidenta Mónica Oltra.
«Tenemos que enseñar a la sociedad que no se puede jugar con la vida de menores, de adolescentes o de cualquiera que no tenga aún consolidada su opción. Es muy peligroso ese mensaje que dice a las personas que pueden someterse a esas terapias y que ya no va a tener problemas de cara a la sociedad sin tener en cuenta cómo se siente esa persona consigo misma», señala Àlec Casanova, coordinador general de Lambda.
Precisamente ese artículo, cuya eliminación reclamaban por entender que puede no cumplir la Constitución, fue uno de los motivos por los que el PP se abstuvo en la votación, frente a los votos favorables de PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos. Remarcaron, eso sí, estar en contra de estas técnicas. Para el PP algunas de las propuestas en materia de educación pueden ir contra del principio de libertad de ideario.
