Un banco central, un Ministerio de Economía que controlará toda la actividad económico-financiera del Vaticano y un pequeño banco interno para dar los habituales servicios a sus clientes, que deberán demostrar que pagan los impuestos en sus países de origen. Esa es, en resumen, la primera de las reformas aprobadas por el papa Francisco, que ha contado con la ayuda de ocho cardenales de todo el mundo y que fue presentada ayer. Sorprende la ausencia casi total de italianos en el nuevo conglomerado económico.

Termina así una época que formalmente comenzó en 1929, con la firma de la paz entre Italia y el Vaticano tras la conquista (1870) de los Estados Pontificios, y se abre otra para la que todo parece quedar bien atado tras una importante labor de limpieza en el IOR, conocido como el banco vaticano, y la asunción de las leyes internacionales sobre transparencia y contra el blanqueo. En un año se han cerrado 3.000 cuentas inactivas o improcedentes. "Habría querido dejar la reforma del banco para el final, pero había aspectos urgentes a resolver", dijo un día Jorge Bergoglio, en referencia a la transformación de la curia o gobierno central que habían solicitado los cardenales antes del cónclave del 2013.

Será más difícil, si no imposible, que se den los "monseñores 500 euros", inversiones en industrias bélicas y préstamos dudosos. O que entren capitales mafiosos o de jeques árabes y que salga financiación para desestabilizaciones políticas, como los fondos destinados al sindicato polaco Solidaridad en 1987. Con la reforma se va el presidente alemán del IOR, Ernst von Freyberg, que ejercía a tiempo parcial, y entra el economista francés Jean-Baptiste de Franssu. El banco tendrá un consejo supervisor de cinco cardenales, de los que solo uno es italiano.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En el consejo de administración del banco, sin voto pero con un claro papel supervisor, entrará el maltés Alfred Xuereb, de la Secretaría para la Economía, presidida por el cardenal australiano George Pell, que de puertas adentro será el señor de la economía vaticana. Aunque deberá responder ante el secretario de Estado, especie de primer ministro del Papa.

Las relaciones con los bancos centrales de todo el mundo las mantendrá la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (Apsa), que se transforma en una tesorería o banco central. Será la que realice las eventuales inversiones externas, de las que ya no se encargará el IOR, que también pierde la gestión de un considerable patrimonio inmobiliario.

"El objetivo es transformar el Vaticano en un modelo gerencial financiero, en lugar de ocasional causa de escándalos", ha dicho el cardenal Pell.