Unos 40 niños pierden cada año a su madre como consecuencia de la violencia machista, lo que
supone desde el 2004 más de 500 huérfanos que, además, sufren el «doble estigma» de haber quedado abandonados a su suerte por parte de los poderes públicos.
Es lo que denuncian la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla en el primer informe anual que realizan sobre «la realidad oculta» de los menores huérfanos de la violencia machista que han presentado este viernes y que llevarán el próximo lunes al Congreso.
Desde el 2013, año en que pasaron a formar parte de las estadísticas oficiales, hasta el pasado 22 de febrero, 250 personas han sufrido la pérdida violenta de su madre por parte de su pareja o expareja, de las que 166 eran menores de edad, una cifra que se traduce en una media de 40 huérfanos al año. Si se extrapolan esos datos hasta el 2004, año en que se puso en marcha la ley integral contra la violencia machista, el total de menores huérfanos se sitúa en torno a los 500, señaló la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
Tras el asesinato de sus madres, con quienes vivían la mayoría de estos huérfanos, suele ser la familia materna la que suele asumir la responsabilidad de mantenerlos. Pero no siempre es así. Es especialmente «preocupante» cuando los pequeños acaban yendo a vivir con los allegados del padre porque, además de ser «mucho más difíciles de localizar», siguen manteniendo en ocasiones contacto con su progenitor. «Hablamos de sentimientos: ¿Cómo no va a querer el abuelo que el nieto vea a su hijo?», se preguntó Joaquín Tagar, miembro del comité de selección del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, entidad que a lo largo del 2016 ha logrado conceder seis de estas ayudas a tres familias por un importe total de 7.535 euros.
Se trata de ayudas dirigidas fundamentalmente a la educación de estos menores, que suelen
presentar un rendimiento más bajo que el resto, por lo que con ellas se sufragan actividades
extraescolares y de refuerzo. También para hacer frente a las tasas académicas y universitarias,
puesto que en los casos en que los familiares son mayores (los abuelos) «tienen un miedo
enorme a no poder afrontarlas» cuando ellos falten.
A la falta de líneas específicas de atención y apoyo a los huérfanos y la inestabilidad y escasez de
ingresos de sus familias, que propician el abandono temprano de sus estudios, se suma el tiempo
que tardan en resolverse los casos y en dictarse sentencia. Ambas organizaciones proponen incluir
la reparación del daño a la víctima en el futuro pacto de Estado contra la Violencia Machista,
que pasa por acelerar los procesos de afiliación de estos menores y la creación de un protocolo
en las escuelas para que «sepan qué hacer con el hijo de un asesino».
Por otra parte, la Policía Nacional detuvo ayer a un hombre como presunto autor del acuchillamiento ayer de su expareja en el barrio madrileño de Usera. El sospechosos tebnía una orden de alejamiento.
