Aumentan las órdenes del Ayuntamiento de Zaragoza para la reparación de edificios en mal estado, pero también crece el número de ciudadanos propietarios que sigue las instrucciones municipales y acomete las obras cuando el consistorio se lo pide. Según los datos del Servicio de Inspección de Urbanismo, los particulares cumplen con el 75% de los requerimientos efectuados desde la Administración municipal.

Las razones del cambio de actitud en positivo de comunidades de vecinos y propietarios no están determinadas oficialmente. Según algunas opiniones técnicas, pueden tener que ver con la renovación inmobiliaria que se está dando en distintos sectores del Casco Viejo, donde van teniendo más salida el alquiler y la venta de pisos y apartamentos rehabilitados, sobre todo en la población joven. Así, las obras salen a cuenta.

También influiría la posibilidad de que el ayuntamiento acabe realizando los trabajos de forma subsidiaria --este año hay casi un millón de euros de presupuesto en distintas partidas para este fin-- y pase después de la factura a los interesados. La normalización del embargo a los ciudadanos morosos ha cerrado también la vía de quienes se las arreglaban para no pagar los recibos.

En el último semestre, Urbanismo aumentó el número de ejecuciones subsidiarias al ritmo de una nueva cada mes. A esta cifra hay que añadir los casos de urgencia por la gravedad de los daños que sufre el edificio --35 en el pasado medio año--, en los que muchas veces el ayuntamiento debe realizar desalojos y contrataciones de emergencia.

Es el caso, por ejemplo, de la ruina inminente declarada el pasado 12 de marzo en una finca entre las calles Nuestra Señora de Begoña y Covadonga, que se saldó con la intervención municipal, o el hundimiento de un medianil en Doctor Lobato, 18, causado por las obras que se realizaban en el solar colindante.

En el presupuesto municipal figuran partidas diferentes para realizar obras por ejecución subsidiaria en el caso de que los propietarios de los inmuebles dañados no respondan a los requerimientos del consistorio. Sólo para actuaciones en el Casco Viejo se consignan 400.000 euros, y en otros capítulos se incluyen previsiones de medio millón de euros.

El objetivo municipal, asegura el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, es agotar este dinero y reponerlo si es necesario.

Al trabajo de la inspección ordinaria se añadirá la de la ITV de viviendas, que debe comenzar en San Pablo y Magdalena en unos mil edificios. El programa comenzó oficialmente en enero, pero las revisiones aún no se han efectuado.