La comisión de investigación de Plaza se inició con las primeras 16 citaciones y sin que los diputados hayan tenido acceso a los expedientes anexos a las actas de los consejos de administración. Este hecho sorprendió incluso a algunos de los comparecientes, ya que aseguraron que se adjuntaban y se introducían en cajas. El asesor jurídico, José Manuel García-Figueras, llegó a definir incluso este sorprendente extravío como "puñetitas". Sin embargo, los cinco diputados que tratan de dilucidar si hubo responsabilidades políticas en la gestión de Plaza (cuyo desfase ha llevado a que haya cinco procedimientos penales abiertos) han estudiado las actas pero a pesar de haberlo requerido, no han recibido los expedientes que se adjuntaban a las mismas. Uno de los comparecientes indicó que "existen y están en cajas, porque los he visto yo", y Pedro Colás, con cierta ironía, indicó que esas actas "han dado muchas vueltas por los juzgados".
Los imputados, Nico Groeneveld, Miguel Ángel Bretón, José María Jordán (en videoconferencia desde Brasil, donde reside actualmente), Agapito Iglesias, Miguel Ángel Pérez y Ricardo García Becerril se negaron a responder a las preguntas de los diputados, aunque estos tres últimos aprovecharon un turno de palabra para defender la honestidad de sus actuaciones. Especialmente incisivo fue García Becerril, exgerente y único imputado que ha estado en prisión provisional por uno de los procedimientos judiciales abiertos, quien defendió su contrato por su "acreditada trayectoria profesional" y que nunca obtuvo "lucro alguno que no fuera" por su trabajo. Consideró que se demostrarán "sin fundamento" sus imputaciones en tres procedimientos penales, presumió de "rigor, honestidad e independencia" y denunció que "se están vertiendo acusaciones falsas, también desde las esferas políticas".
El resto, muchos de ellos técnicos de las primeras fases del desarrollo urbanístico de la plataforma, contestaron a los diputados. Aportaron detalles concretos, que no sirvieron para dirimir las presuntas responsabilidades políticas, aunque dejaron entrever que pudieron fallar los controles y que los miembros de los consejos de administración (hoy declararán los del primero de ellos) tenían acceso a toda la información que quisieran. Cosa bien distinta es que la solicitaran. Así se expresaron, entre otros, Pedro Colás --exdirector financiero de Plaza-- y el asesor jurídico José Manuel García-Figueras. El primero reconoció que "visto a posteriori" hay medidas que deberían "haber tomado", y asumió que en los primeros años "nos desbordó la vorágine" al facturar en años hasta 200 millones, pero "visto con perspectiva, se debería haber hecho algo más, aunque ahora es fácil decirlo". El segundo admitió que se debería haber sido "más exigentes en algunos procedimientos". Asimismo, reconoció los problemas financieros de la plataforma, la "deuda enorme" que tiene o Plaza Servicios Aéreos, que fue "un desastre", pero no de la plataforma, que es "un éxito". Santiago Coello, exconsejero delegado de la corporación empresarial, e Ignacio Sarría, director jurídico de Plaza no fueron, pese a estar citados, al no darse por enterados.
Los comparecientes entraron en la sala en franjas de media hora desde las nueve de la mañana. García Becerril cerró a las siete y media de la tarde. Este primer día sirvió para clarificar la estrategia de los grupos. Antonio Torres (PP), José Luis Soro (CHA) y Patricia Luquín (IU) fueron concretos en sus preguntas mientras que Javier Sada (PSOE) y Joaquín Períbañez (PAR) abordaron aspectos más generales. El popular fue el más incisivo.
Entre los frentes abiertos, el centrado en Autocity y Codesport copó el mayor interés en la primera parte de la jornada de comparecencias. Carlos Miguel Oehling, máximo responsable de Autocity, admitió que se resolvió el contrato firmado con Codesport y la plataforma debido a los sobrecostes que acumulaba la construcción de unas naves que debían ser "de llave en mano", con el precio cerrado. Además denunció que las calidades "dejaban mucho que desear". Aseguró que se contrató a una consultora externa para medir si los sobrecostes estaban justificados y que Plaza ni siquiera le entregó la documentación necesaria. Agapito Iglesias compareció pero se acogió a su derecho a no declarar --ni cuando Torres le preguntó por qué contrataba a miembros de la Administración pública en sus empresas-- por estar imputado. Eso sí, se mostró deseoso de aportar las periciales en las que, a su juicio, demuestra que se actuó desde la legalidad.
