El 17 de octubre del 2013, el director general de Consumo, Sergio Larraga, compareció en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón para proponer una reforma del Código Penal y abordar así el vacío legal existente alrededor de la apología de la anorexia y la bulimia en internet. Larraga obtuvo el apoyo de todos los grupos con representación en las Cortes y se logró el cierre de varias páginas peligrosas. "Pero al día siguiente nos encontramos con que se abrieron otras tantas. Falta una normativa legal", apuntó Larraga. Después, los senadores el PAR registraron una enmienda a la reforma del Código Penal en el para que recogiera penas y multas por incitar a través "de cualquier medio" a los menores a tener hábitos o conductas que favorecen trastornos alimenticios. Pero su propuesta, pese al apoyo de partidos en la Cámara Alta como UPN, PNV o CIU, no salió adelante por los votos en contra de PP y PSOE. "Fue un buena oportunidad que se desaprovechó. No nos hicieron caso porque estaban con otros temas importantes", señaló Larraga. La propuesta del PAR planteaba penas de prisión de tres meses a tres años por incitar a los menores y también una multa de 300 días a los proveedores de servicios en medios electrónicos o telemáticos.
