Con la celebración del juicio por el caso saqueo a la vuelta de la esquina, las defensas siguen preparando pruebas -«periciales y más periciales», en palabras de algún abogado-, para desmontar las tesis de las acusaciones de que hubo un sobrecoste exagerado en las obras de urbanización o un cambio de materiales y demás tesis. Entre las pruebas que se han solicitado figura el volcado completo del servidor de Plaza, algo a lo que por diversas circunstancias se ha ido negando la empresa pública, con variados motivos.

La sala que juzgará los hechos, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, admitió en enero de este año como prueba que Plaza aportase la copia completa del servidor informático, pero la entidad solicitó una prórroga de plazo y finalmente afirmó que le resultaba «imposible» técnicamente.

Desobediencia

El tribunal advirtió a la empresa pública que podía incurrir en desobediencia si no cumplía la orden, pero Plaza, ya en mayo, reiteró que se requería precisar la información «necesaria y pertinente». Y el tribunal finalmente accedió, en junio, a acotar la solicitud, también por la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos.

Así pues, la última solicitud de las defensas (concretamente de la que ejercen los abogados de Acciona por su directivo José María Jordán) ha sido un listado de palabras clave para buscar los documentos que les interesan. Un completísimo listado de hasta 88 términos o direcciones de correo electrónico que, aparentemente, abarcan todos los extremos de las gestiones bajo sospecha que pueden estar almacenados en los ordenadores de la empresa pública.

Así, la lista comprende términos relacionados con el «consejo de administración» o «comisión ejecutiva»; también políticos, como «Consejo de Gobierno» o «comparecencia parlamentaria». Archivos de obras como «Fase 1», «Parque Lineal», «pasarela peatonal», «movimiento tierras» o «apartadero ferroviario», incluso más amplias como «cota», «explanada», «yesos» o «vertedero».

Hay apartados específicos sobre uno de los denunciantes del caso, Francho Chabier Mayayo, también con sus direcciones de correo electrónico. También del perito en cuyos informes se basa en gran parte la acusación, Enrique García Vicente. O de consultoras como EID.

El interés de la defensa es tal que, si Plaza considera que no da abasto, se ofrece a poner a su disposición una empresa informática gratis.