La economía sumergida en Aragón es un coladero por el que desaparece cada año el equivalente al 22,3% del PIB regional. O lo que es lo mismo, más de 7.257 millones de euros de dinero negro procedente de actividades no declaradas que se concentran en la construcción, la restauración, el comercio al por menor y los servicios. Ese porcentaje, por ejemplo, supera ampliamente el presupuesto total del Ejecutivo autonómico para el ejercicio 2015, que rondará los 5.200 millones, o daría para sufragar la anhelada Travesía Central del Pirineo (TCP), cuyo coste está estimado en unos 6.000 millones.
Esta cuantificación de la economía sumergida está recogida en un estudio del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), con datos correspondientes al 2012. En cualquier caso, según este informe, Aragón no es de las comunidades más afectadas, ya que su tasa de negocios en negro es la tercera más baja. Además, se encuentra más de dos puntos por debajo de la media nacional, que se calcula en el 24,6%, superando los 253.000 millones de euros.
Entre las provincias aragonesas destacan los casos de Huesca (24,8%) y Teruel (24,1%), que presentan una tasa de fraude superior a la media regional, mientras que Zaragoza (21,5%) tiene una proporción menor.
En la vertiente laboral, el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón cifra en al menos 40.000 el número de empleos irregulares o no declarados en la comunidad.
SIN DATOS OFICIALES
La lacra de la economía sumergida en España no cuenta con datos oficiales porque ningún gobierno ha encargado un informe para evaluarla, denuncia Gestha. La elaboración de un informe público sobre esa realidad oculta es una de las medidas fundamentales que reclama este cuerpo de inspectores, así como rebajar la tasa de economía sumergida en dos puntos porcentuales por año hasta alcanzar una media del 10%. "Esto aportaría 38.000 millones de euros al año que actualmente se evaden", asegura José María Mollinedo, secretario general de esta organización.
Gestha pide también un incremento de los trabajadores de Hacienda. "Para acabar con el fraude se necesitan más efectivos. Tenemos la mitad de plantilla que la media de los países de la OCDE, no es de extrañar que nuestra economía sumergida sea el doble", señala Mollinedo.
