La intervención de la Fiscalía Anticorrupción fue el detonante para investigar la gestión del proyecto estrella del Gobierno PSOE-PAR. El caso saqueo fue el inicio de una lista de instrucciones que a lo largo de tan solo un año han tenido un comportamiento muy diferente.

Aunque a la justicia se le atribuye siempre el adjetivo de lenta, uno de los asuntos instruídos, el caso pagarés, ha ido tan rápido como que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, firmó un auto de apertura de juicio oral contra el exgerente de Plaza, Ricardo Gracía Becerril; el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez; el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó, y el constructor soriano Agapito Iglesias. El juez considera que se pusieron de acuerdo para desviar 17,8 millones de fondos públicos en las obras de construcción de 119 naves y luego repartirse el dinero.

Una actuación que ha sido cuestionada por todas las partes personadas más allá de las defensas, ya que Fiscalía y UPD pidieron más prueba como, por ejemplo, que se indagara dónde estaba el dinero. Algo que para el juez Picazo es "absurdo" porque no iban a tenerlo en una cuenta corriente localizable. El Gobierno de Aragón y Plaza se han mantenido al margen. Ante ello, Fiscalía no ha hecho escrito de acusación porque espera a que la Audiencia de Zaragoza resuelva su recurso, mientras el resto de acusaciones ya han pedido hasta 59 años de prisión.

Un resultado muy diferente ha tenido el conocido como caso apartadero, en el que se investigaba una prevaricación administrativa en la adjudicación a la UTE Acciona - MLN de unas obras por valor de 15,5 millones de euros. El juez encargado, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, también fue rápido, pero esta vez para archivarlo. Tomó esta decisión después de oír a todos los miembros del consejo de administración de Plaza a los que imputó y que incluso movilizó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón porque había tres aforados que, si hubiese visto indicios de delitos, hubiesen sido imputados.

El ministerio público y la actual gerencia de Plaza entendían que hubo un "concierto previo" que llevó a un error que permitió una licitación por un precio superior. Tello escuchó a todos los imputados por acción --Ricardo García Becerril-- y por omisión --los miembros del consejo-- y se creyó que la actuación se hizo así porque era urgente para que dos importantes empresas se establecieran en la plataforma logística. También reprochó al Gobierno de Aragón su actitud por no haber presentado de forma diligente y a tiempo la información que le requirió el Tribunal de Cuentas y que derivó en este proceso. De hecho, esta actitud se cobró la destitución del jefe de intervención de la DGA.

MÁS ARCHIVOS La misma suerte tuvieron los imputados por el caso Caladero --el exviceconsejero Carlos Escó; el exconsejero delegado de la Corporación de Empresas Públicas, Santiago Coello; la responsable de empresas participadas de la Corporación, Pilar Valdivia y el exdirector financiero, Pedro Colás-- que vieron como la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, sobreseía su causa.

Fue menos diligente que su compañero porque esperó varios meses hasta ver la posición de la Fiscalía, que era la denunciante. En este asunto también se criticó la falta de información al Tribunal de Cuentas que derivó en esta instrucción que pretendía aclarar la adjudicación de unas obras en la nave de una firma de pescados que se adjudicaron por 11,2 millones de euros, si bien su coste ascendieron a 14,5.

Más allá de los pleitos penales está el civil que en septiembre hará que el anterior máximo accionista del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, se siente en el banquillo. La DGA quiere recuperar 14,5 millones porque entiende que se pagó de más en la construcción de dos edificios realizados por Codesport.

Lo hizo, según el perito, con materiales de peor calidad o sin ejecutar trabajos.