Dos vertientes administrativas ocupan la regulación del taxi en Aragón, un sector que encuentra en la Ley 5/2018 su referencia en el plano autonómico, pero que, dentro de los municipios, halla reglamentos adecuados a las características de cada localidad.
Precisamente, y como explica el texto legal aragonés en su artículo 4, corresponde al Ejecutivo autonómico «la alta inspección», lo que consiste en las actuaciones de «coordinación y elaboración» de los planes dedicados a las inspecciones de los servicios de taxi en la comunidad.
La responsabilidad recae de nuevo en el Gobierno, en este caso, en el departamento competente, en lo que respecta a la regulación de los servicios interurbanos. Se refiere a aquellos casos en los que entran en juego dos o más localidades en la prestación de los servicios y será el Gobierno autonómico el que comprenda otorgar, modificar o extinguir las licencias, «así como la inspección de los servicios, el ejercicio de la potestad sancionadora y la fijación de tarifas». En la misma línea, asume también el establecimiento de áreas de prestación de conjunta.
Sin embargo, en lo que respecta a los servicios urbanos -es decir, dentro de un mismo municipio- la gestión corresponde a los ayuntamientos. Es en este punto en el que los consistorios toman el mando a la hora de regular el servicio de taxi. De esta manera, la ley aragonesa da potestad a los municipios en aspectos clave como otorgar, modificar y extinguir licencias, la inspección del servicio, aplicar sanciones o fijar las tarifas.
Precisamente, el propio documento legal especifica que corresponde a los ayuntamientos «la elaboración y aprobación de las correspondientes ordenanzas municipales reguladoras de la prestación de los servicios de taxi, con sujeción a lo dispuesto en esta ley».
Un texto reciente
La conocida como Ley del Taxi cuenta con apenas unos meses de existencia y fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón. En concreto, esta proposición del PAR salió adelante el pasado 19 de abril y se convirtió en la primera norma de carácter autonómico centrada en regular esta actividad en su territorio. Derogaba así la anterior ley de 1979 y fijaba sus principales objetivos en la unificación de criterios para mejorar el servicio y, precisamente, proteger al sector de nuevos modelos, como los servicios VTC.
En ese sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza remitió en septiembre informes que avalaban la tesis para que el Gobierno de Aragón no concediera nuevas licencias de VTC. La razón que alegaron desde el consistorio es que no se cumple con la ratio entre el número de licencias de taxi, fijada en una de VTC por cada 30 de taxi. La medida surgió tras una moción de ZeC aprobada en el pleno del 2 de junio con la abstención de PP y Cs. Además, la moción instaba al Ejecutivo aragonés a consultar al ayuntamiento antes de conceder nuevas licencias.
En la actualidad, Aragón cuenta con 2.203 licencias de taxi y 183 de VTC.
