Endesa tendrá la obligación de contratar al menos a un 30% de trabajadores de la central térmica de Andorra para su desmontaje, y recibirá una bonificación si incluye a un 80%, según detalló este jueves el consejero de Industria de la DGA, Arturo Aliaga, en el pleno de las Cortes.
El también vicepresidente de la DGA respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Jara Bernués sobre el cumplimiento de las conclusiones de la comisión sobre Andorra alcanzadas la legislatura pasada, y detalló algunas medidas alcanzadas y otras en negociación, sobre instalación de empresas, de las que afirmó que no dirá nada hasta que no estén cerradas. También aludió al compromiso de que el agua que empleaba la térmica revierta a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la puedan aprovechar los regantes. Siempre que se solvente el coste de bombeo y gestión.
Ante las acusaciones de incumplimiento de las conclusiones de la comisión (el popular Sebastián Contín llegó a calificarlo como «el más incumplido de la historia»), Aliaga recordó que este mismo martes se reunió con sindicatos y subcontratas, y que mientras hablaba, en Andorra, se estaba debatiendo la participación en el convenio de transición justa.
Pero sobre este recordó que es un instrumento de futuro, dependiente de la ley de transición justa, sobre la que también estuvo debatiendo en Madrid. Y la financiación dependerá en gran medida de la UE, que la ministra Teresa Ribera confía en aumentar.
Por el momento, recordó, los instrumentos vigentes son el plan Miner y el Fite, y en ellos se centran para sacar adelante los proyectos.
Lo que puso en entredicho, y tildó de «ocurrencia» de Teruel Existe, es la conservación de la propia estructura para el turismo, ya que su mantenimiento sería caro e incluso peligroso de cara a los visitantes, por mucho que la ministra Ribera lo estudie.
