El Ministerio de Hacienda acaba de asestar el golpe más duro de la legislatura al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que dirige Pedro Santisteve en la capital aragonesa. A través de una sencilla carta, remitida el pasado 11 de septiembre, le ha comunicado al ayuntamiento que tiene absolutamente prohibido captar más deuda bancaria para acometer proyectos en la ciudad. O, como dice, literalmente, el documento: «esa entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión». La decisión ha caído como un jarro de agua fría para un consistorio que ahora busca contrarreloj deshacer este entuerto aunque asegura que no afectará a la ejecución de las actuaciones presupuestadas este año. Y confía en que no lo haga con las del 2019, a solo siete meses de las elecciones y en plena elaboración del presupuesto municipal.

CIFRAS ERRÓNEAS

El documento, remitido desde la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales afirma que las cifras que aportó Zaragoza referidas a su nivel de endeudamiento, dentro del seguimiento que esta hace del plan de saneamiento y reducción de deuda, no solo no se ajustan a la realidad sino que además incumplen lo exigido desde Hacienda. En el informe municipal enviado por el consistorio apuntaba a que este era del 98,26% de los ingresos en la liquidación del 2017, un total de 721.902.960 euros. Pero remarca que «según datos del Banco de España, se obtiene un nivel de deuda de 126,78%», y que este, además, es superior al 114,86% que se le exigía por el ministerio dentro de ese mismo plan. Así que, directamente, habla de «incumplimiento» del mismo, que es lo que provoca, invocando el «apartado 6 del artículo 3 de la Ley 18/2014», la prohibición de captar más deuda.

Se trata de una decisión que tiene su motivación en una causa ya conocida para Zaragoza, que es la eterna discusión sobre cómo computar la deuda del tranvía. Y eso ahora tiene una consecuencia directa grave, que es la imposibilidad de planificar un presupuesto para el 2019 con la previsión, como ha hecho este año, de acudir a la financiación externa.

En el 2018 se planificó un crédito de 24,8 millones, que se contrató, en tres préstamos distintos, pocos días antes de recibir esta carta. Y se pudo hacer después de que la DGA, órgano que tutela estas operaciones de Zaragoza, lo autorizara el pasado 13 de agosto -apenas 29 días antes de la notificación ministerial-, lo que ha permitido que al menos todos esos proyectos de este año, entre ellos algunos de calado como la prolongación de Tenor Fleta, se hayan salvado de la paralización inmediata por la orden dictada desde Madrid. No tiene carácter retroactivo, destacó el consistorio.

CUESTIÓN DE DÍAS

Sin embargo, la preocupación es máxima y fuentes oficiales del área de Economía aseguraron a este diario que «se ha solicitado una reunión urgente con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)». Está «pendiente de fecha» porque «hace dos semanas» se le envió toda la información requerida sobre el tranvía y un préstamo que «no debe figurar como deuda financiera» del consistorio porque «ya está planificada» su devolución durante los años que dura la concesión con la sociedad mixta Los Tranvías, en la que solo tiene el 20%.

«Aunque nos tocaran 300 millones en la lotería no se podrían dedicar a amortizar esa deuda», apostilló el responsable de Economía, Fernando Rivarés, quien afirma que este sobresalto se debe a un «error puramente técnico, probablemente por el cambio de equipo en el ministerio» tras la llegada del Gobierno socialista. No ve intencionalidad política en la carta, que firma el subdirector general de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, ni argumento jurídico que lo vaya a sostener después de esa reunión con la IGAE, a la que también asistirán representantes de Hacienda y del Banco de España.

Y Rivarés recuerda que no superar el 110% del nivel de endeudamiento ha sido «fundamental» para disfrutar «tres años consecutivos» del Fondo de Impulso Económico con el que pagó las sentencias judiciales, y salir del plan de ajuste, con la firma y aval de este ministerio.