La valoración transmitida esta semana por el Abogado General de la UE, que abre la puerta a que los jueces anulen las hipotecas referenciadas con el índice IRPH, fue recibida con los brazos abiertos por miles de hipotecados aragoneses. María, una zaragozana de 45 años que prefiere mantener su anonimato, sabe bien lo que en la práctica ha supuesto tener una hipoteca vinculada a este índice, que en la última década ha estado entre 2 y 3 puntos más alto que el euríbor. «Últimamente ya no quiero ni calcularlo porque me hierve la sangre, pero ha habido épocas de pagar hasta 300 euros más que si la tuviera referenciada al euríbor», lamenta la zaragozana, que en el 2005 compró su adosado en un municipio del área metropolitana por 300.000 euros.

Las hipotecas vinculadas al IRPH sobre todo se comercializaron entre el 2005 y el 2008, aunque las denuncias comenzaron a llegar en el 2013, cuando el euríbor empezó a bajar hasta el 0%. Una caída de la que no se han beneficiado en los últimos años miles de afectados en España llegando a pagar de media entre 250 y 300 euros más al mes. «Yo no me di cuenta de lo que tenía hasta que familiares y amigos me decían que les había bajado mucho la cuota y la mía seguía igual», indica María.

Actualmente, está pagando al mes unos 1.160 euros, aunque hubo épocas que llegó a los 1.400. No hay que olvidar que entre enero del 2012 y finales del 2014, el IRPH ha oscilado entre el 3,7% y el 3%, porcentajes muy superiores al euríbor.

Como María, un buen número de hipotecados han sufrido esta «injusticia». La asociación Adicae estima que en España puede haber entre 600.000 y 900.000 afectados, entre 15.000 y 20.000 en Aragón. Esta cifra es menor a la de la mayoría de comunidades debido, fundamentalmente, a que Ibercaja no las comercializó. Sin embargo, el banco aragonés, que cuenta con una cuota de mercado en hipotecas que supera el 40% en la comunidad, sí heredó créditos referenciados al IRPH de la antigua Caja Inmaculada (CAI). Así, Ibercaja cuenta actualmente con 4.765 hipotecas afectadas, con un saldo vivo de menos de 50 millones de euros, lo que supone menos del 0,3% de su cartera hipotecaria.

A ellas, eso sí, hay que sumar las que comercializaron otras entidades en la comunidad. Es el caso de la de María, que la contrató con Caixabank. «Espero que pueda recuperar parte del dinero, pero es muy triste que tenga que venir Europa a pintarle la cara a la justicia española», lamenta.

Eso es precisamente lo que denuncia Adicae. La organización subraya que el pronunciamiento del abogado de la UE es «un varapalo» para el Tribunal Supremo español, que dictaminó en diciembre del 2017 que el índice era suficientemente transparente y con las garantías necesarias para no considerarse abusivo.

La asociación recomienda esperar a la sentencia del tribunal europeo y aconsejó no atender las llamadas de los bancos, que, en su opinión, van a plantear «acuerdos trampa». Así lo considera también el despacho de abogados Reclama por mí, que apunta que la sentencia se conocerá en un plazo de tres o seis meses. Por su parte, la presidenta de UCA, Fernanda Blanco, aplaudió el pronunciamiento de la UE, pero también quiso lanzar un mensaje de prudencia: «Hasta que el tribunal no dicte sentencia no vamos a lanzar las campanas al vuelo».