Cualquier ciudadano que pase cerca de los viejos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza ha podido detectar en los últimos meses el trasiego de técnicos en el interior del edificio. Tanto del Gobierno aragonés como del Ayuntamiento de Zaragoza, que hace más de un año remitió un requerimiento a la comunidad autónoma para que revirtiera el inmueble a la ciudad al haber cesado el uso por el que fue cedido el suelo. Lo hizo en febrero del 2016 y esa amenaza de reclamar su devolución nunca llegó al juzgado. Se tradujo en una mesa de negociación con la Consejería de Hacienda que desembocó en un principio de acuerdo que lleva unos tres meses congelado. Un entendimiento político que acerca la reapertura de este emblemático edificio con el mismo uso administrativo que tenía. No como tribunales sino como ventanilla al ciudadano. Un acercamiento que se interrumpió por la discusión de los presupuestos de la comunidad y que ahora, ya aprobados, podría relanzarse.
El futuro de los antiguos juzgados del Pilar dista mucho de parecerse al hotel con el que se tanteó hace años. El Ejecutivo aragonés y el consistorio tienen planes para él. Este último para «el 55% del edificio que da a la plaza», el bloque más antiguo -excluyendo las ampliaciones más recientes que se hicieron-, lo que equivaldría a «unos 8.500 metros cuadrados en total».
Aunque las fuentes municipales consultadas por este diario aseguran que no está decidido el uso, está prácticamente descartado que se reconviertan en vivienda social. Fundamentalmente porque eso obligaría a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el que necesitaría la mayoría en el salón de plenos. Aunque no lo admitan así, políticamente la garantía de éxito se antoja escasa. Como en otros muchos asuntos que ha abanderado en solitario Zaragoza en Común (ZeC).
TITULARIDAD // Pero tampoco ha dado tiempo para abrir la discusión a la oposición porque el principal escollo ahora es la DGA, la propietaria. Y porque, entre los flecos a resolver, está precisamente decidir si se transfiere la titularidad -lo que le evitaría a la comunidad pagar el IBI- o se formaliza en una cesión de uso.
En parte porque el Gobierno aragonés también tiene planes para sus miles de metros cuadrados disponibles. Exclusivamente como sede administrativa y con un destinatario claro en todas las quinielas: el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales que dirige la consejera María Victoria Broto.
La apuesta autonómica es la de agrupar en la plaza del Pilar las cinco sedes administrativas que tiene dispersas en Zaragoza: la propia consejería, la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Participación, en el edificio Pignatelli; la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y una parte de la Dirección Provincial de Consumo, en el antiguo edificio del Salud en el paseo María Agustín, propiedad de la Tesorería general de la Seguridad Social (TGSS) y que fue cedido por el ministerio con la transferencia de las competencias; el Instituto Aragonés de la Juventud, con sede propia en Franco y López (residencia Baltasar Gracián); Igualdad y Familia, y Consumo en el edificio que ocupa el Departamento de Sanidad en las Esquinas del Psiquiátrico (en Vía Univérsitas); y la Dirección Provincial del IASS, en la calle Pintor Rosales.
COMO EN HUESCA // Todos ellos seguirían el mismo objetivo que las tres sedes de Huesca que acabaron agrupándose en el antiguo edificio del Banco de España y que tan buenos resultados les ha dado, aseguran sus responsables. No es tanto una cuestión de ahorro económico como de centralizar los servicios que se ofrecen al ciudadano, para agilizar sus trámites y dar mejor respuesta a sus necesidades. Admiten que «se está estudiando» y que, en todo caso, estaría «supeditada a la disponibilidad presupuestaria». Aunque no es el único que podría trasladarse: la recaudación de tributos también está siendo objeto de ese mismo estudio.
Mientras, el trato con el consistorio pasaría, según aquel principio de acuerdo ahora varado, por adelantar el coste de las obras necesarias para recondicionar el edificio, que lleva cerrado más de tres años y medio -desde el 28 de octubre del 2013-, tras 20 años de actividad judicial ininterrumpida. Se estima en «menos de un millón de euros». Un dinero que adelantaría la DGA. Ahora que tiene presupuesto.
