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en primera persona

«Llevamos nueve meses esperando la ayuda»

 

Carmen, a la derecha, pasea junto a su madre Blanca en las inmediaciones de la residencia. - SERVICIO ESPECIAL

A.LAHOZ
01/03/2019

Nueve meses. Ese es el tiempo que Blanca Bueno, la madre de Carmen Navarro, lleva esperando la prestación económica en ayuda a la dependencia que le fue reconocida en junio. «Y no sabemos hasta cuándo se puede alargar esto, porque los retrasos se nos vienen acumulando desde diciembre del 2017, que es cuando pedimos una revisión de su grado de dependencia», explica su hija a este diario. Blanca, que tiene 88 años y está en una residencia de Monzalbarba, tenía reconocido el grado I en el 2017, pero su hija solicitó una nueva valoración. «No era capaz de hacer las cosas, notábamos que había perdido mucho», recuerda Carmen.

Finalmente, en junio se le reconoció un grado II (severo), una prestación económica a través de un Programa Individual de Atención (PIA) y la garantía de que, cuando hubiera plaza, sería traslada a un centro del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Sin embargo, nueve meses después nada de eso se ha cumplido y el dinero que le corresponde a esta familia, reconocido por la DGA, sigue siendo una utopía. «Pagamos una residencia privada con su pensión y con dinero de nuestro bolsillo, pero lo cierto es que esa prestación nos ayudaría mucho», explica.

Su madre camina y come sola, pero se desorienta y padece alzhéimer. «Si seguimos en esta situación nos plantaremos en un grado III y sin haber recibido ni siquiera la ayuda del grado II», incide Carmen. Cuando el Ejecutivo inicie el pago de la prestación deberá abonar a la familia las cantidades reconocidas desde junio.

«La Ley de la Dependencia es una ley fantástica, pero el problema es que desde siempre viene muy mal financiada desde el Estado. El recorte en el 2012 por parte del Gobierno del PP fue brutal y se dejó de aportar lo correspondiente a las comunidades. Ahí empezó todo», asegura Ángel Sanz, yerno de Blanca, marido de Carmen y miembro del Espacio de Promoción y Defensa de los Derechos Sociales.

«El Ejecutivo PSOE-CHA ha mejorado extraordinariamente en Aragón los retrasos con los que se encontró, pero la clave son unas prestaciones baratísimas», dice. «Se han ofrecido más, pero económicamente valen poco y las familias también deben aportar. Es decir, te dan un dinero pero para ir a la privada en vez de crear más plazas públicas».