El prometido convenio de transición justa para la comarca de Andorra y su entorno, con el que se pretende reemplazar la industria del carbón por una economía verde, comenzará a tomar forma hoy. La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, preside este lunes en Zaragoza una reunión que dará el pistoletazo de salida al proceso de elaboración del plan de reactivación de la parte de la provincia de Teruel afectada por el fin de este sector minero-eléctrico. El Gobierno prevé que el acuerdo se firme entre mayo y septiembre del 2020, incluyendo el listado de proyectos objeto del mismo y la financiación asociada.

La zona geográfica donde se desarrollará el convenio está formada por las comarcas turolenses de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón, según informaron a este diario fuentes del ministerio. En ellas se encuentran los municipios que sufren en su economía y empleo los efectos de la descarbonización por el cierre de minas -las tres últimas de la zona se clausuraron hace casi un año- o la desaparición de la central térmica que se abastece del mineral, que dejará de estar operativa el 30 de junio del 2020.

El objetivo es impulsar proyectos generadores de empleo «solvente, sostenible y de calidad», destacaron desde Transición Ecológica. Para ello, se movilizarán los recursos que el Estado está asignando a la transición justa y que, a través de diferentes líneas y en planificación, contemplan fondos por unos 600 millones de euros para toda España.

CON RETRASO

Este proyecto de reconversión, no obstante, llega con retraso y su puesta en marcha queda al albur del Gobierno que se forme tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. La ministra Ribera, en la visita a Teruel que realizó el pasado mes de enero, estimó que el contrato se firmaría el pasado verano, algo que no ha sido posible por la convocatoria electoral de mayo y la interinidad del Ejecutivo central.

El encuentro de hoy, que tendrá lugar en el edificio Pignatelli, repasará los avances dados hasta ahora para mitigar el desmantelamiento del carbón y fijará los siguientes pasos a dar para dotar de contenido al convenio, con la participación de todas las administraciones y los agentes locales en un proceso que pretende llevarse a cabo de abajo a arriba para garantizar su efectividad. Este será el eje central de un cita a la que acudirá, además de la ministra, una amplia delegación del Gobierno central, con aportaciones de representantes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que trabajan en el plan de formación y reinserción; del de Industria, Comercio y Turismo, que informarán de las oportunidades del programa Reindus; y del de Hacienda, que se centrará en su instrumento de incentivos regionales.

LAS FASES

También asistirá una delegación del Gobierno de Aragón encabezada por el presidente, Javier Lambán, así como alcaldes de las comarcas mineras y representantes de empresas de la zona, sindicatos, organizaciones empresariales o de la Diputación Provincial de Teruel. La elaboración de un convenio de transición justa es distinta a la de uno tradicional, de abajo a arriba. El objetivo de este sistema de trabajo es asegurar la generación de actividad sostenible en el territorio a través de una propuesta participada por todos los actores del territorio.

Cada convenio parte de un diagnóstico previo y de un análisis socioeconómico y de infraestructuras del área geográfica acogida a este, además de un estudio de las iniciativas económicas con mayor potencial de generación de empleo y nuevo desarrollo en la zona. En estas dos cuestiones ya se está trabajando. El siguiente hito será la firma de un protocolo de actuación entre las administraciones implicadas, algo que se prevé hacer en las próximas semanas.

Posteriormente, se pondrá en marcha el proceso participativo del que formarán parte sindicatos, empresas, administraciones y el resto de actores del territorio. Las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental en este esquema. Este proceso derivará en un convenio, con proyectos e inversiones. El objetivo prioritario, recalcan desde el ministerio, es el mantenimiento y creación de actividad y empleo en la comarca, fijando así población.