El seísmo que supone la puesta en marcha del artículo 155 para restablecer la legalidad en Cataluña está agrietando el entendimiento entre el PSOE y su socio en la DGA, CHA, e incrementando la distancia de los socialistas tanto con Podemos como con Zaragoza en Común (ZeC). Todos se necesitan, pero la crisis que vive la comunidad vecina les está pasando factura y podría poner en riesgo la aprobación de los presupuestos autonómicos del 2018.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, mantiene su discurso que ir de la mano con el PP y Ciudadanos en la aplicación del 155 es la solución, ya no solo para Cataluña, sino para evitar que las consecuencias económicas azoten la comunidad. CHA, en cambio, no pierde oportunidad para mostrar su rechazo y demonizarlo. Igual que el alcalde Pedro Santisteve, contrario al 155 pero a favor de un «referéndum con garantías». Una cosa no quita la otra, vino a decir.

Lambán justifica su posición ante el riesgo que supone para la comunidad el desafío soberanista. «Cualquier terremoto que tuviera un epicentro en Barcelona afectaría de manera muy notable a nuestra comunidad autónoma», aseguró ayer en una entrevista en TVE. Señaló que las consecuencias ya se notan tanto en lo económico como en lo social. Y pronto en lo político, pues pocas horas después en el consistorio CHA provocó una sacudida en la entente de izquierdas al votar en contra de una moción presentada por el PP que instaba a los grupos a respaldar y apoyar las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. El PP, claro estaba, recibió el apoyo de PSOE y C’s. El alcalde les dejó bien claro que el 155 no es la mejor opción.

Lo cierto es que CHA ya había manifestado su posición contraria a su aplicación. Lo de ayer no fue ninguna sorpresa y evidenció que las relaciones internas en el Gobierno de Aragón podrían verse alteradas. La portavoz en las Cortes, Carmen Martínez, ya lamentó que la solución al «problema» que vive Cataluña no pasa ni por declarar de forma unilateral la república catalana ni por aplicar el 155. Como sucede con sus colegas del ayuntamiento no aporta una alternativa sobre las actuaciones concretas para los próximos días. El miedo al ataque recentralizador del PP se impone. Únicamente, como recordó ayer el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se apuesta a largo plazo por la comisión de reforma constitucional.

Esto es lo que pedían ZeC y CHA ayer en el pleno, aunque basándose en la palabra «diálogo». Para ambas formaciones la solución a todos los problemas pasa por hablar. Un discurso que acaricia la bondad y el buen hacer pero que no va más allá. Se queda en lo políticamente correcto de forma estanca. Esto es lo que le reprocharon el resto de los grupos. «¿Diálogo con quién, si se han disuelto las instituciones?», preguntaban el resto de grupos. La respuesta parecía lo de menos porque CHA y ZeC seguían erre que erre en una aparente unión entre formaciones que presentan mociones conjuntas para pedir eso: diálogo. Está claro que ZeC cuenta con el beneplácito de CHA, pero no del PSOE, al que necesita para aprobar las cuentas del 2018.

Y de presupuestos saben mucho en la DGA, donde se resienten las relaciones con Podemos. Los primeros contactos para la redacción del presupuesto del 2018 comenzarán hoy.

Fuentes internas de la formación morada son conscientes de que el diálogo será complicado si el PSOE se alinea con el sector duro del PP que clama por la contundencia en el 155, como parece que ha hecho.