José Luis Rodríguez Zapatero abrió ayer la puerta a que su Gobierno delegue nuevas competencias a algunas comunidades autónomas. Lo hará a través de las leyes orgánicas que prevé el artículo 150.2 de la Constitución, una fórmula por la que los estatutos podrán consagrar competencias que hoy la Constitución considera "exclusivas del Estado" sin vulnerar la Carta Magna.

Hace apenas 15 días, Zapatero se mostró reacio a utilizar esta vía durante una entrevista con este diario. El primer Gobierno del PP ya usó ese artículo para transferir a los Mossos d´Esquadra las competencias sobre tránsito.

Zapatero abrió esa posibilidad en respuesta al portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero, que pidió esa delegación de competencias para Canarias "a través del 150.2" para satisfacer su peculiaridad de "insularidad lejana". "Lo que es útil es que cada reforma de estatuto, cada peculiaridad en el autogobierno, incluso en las delegaciones de competencias que pueda hacer el Estado, se acomode a las circunstancias específicas de cada autonomía", razonó Zapatero.

El talante favorable a potenciar el autogobierno que Zapatero exhibió durante las 48 horas del debate de investidura tuvo otra concreción en respuesta a la portavoz de Nafarroa Bai, Uxue Barkos. El presidente electo anunció que revisará "caso a caso" los recursos de inconstitucionalidad que planteó en los últimos años el Gobierno del PP contra decisiones de las autonomías.

REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD Zapatero no llegó a comprometerse a retirar ninguno en concreto, pero sí avanzó que reducirá la tendencia a litigar contra las autonomías en lugar de negociar políticamente con ellas. "Tengo la voluntad de reducir al máximo la conflictividad del Gobierno con las comunidades autónomas en el Tribunal Constitucional", proclamó, porque la política "debe agotar sus vías mucho antes de llegar a los tribunales".

En lo que se refiere a la reforma del Senado, la Entesa pidió ayer que Rodríguez Zapatero comparezca en la Cámara alta antes del verano para explicar las líneas básicas de la reforma que planea. El grupo parlamentario que componen PSC, ERC e ICV considera que esa comparecencia probaría "el talante" reflejado durante el debate de investidura.