Zaragoza contará con un juzgado especializado en violencia doméstica de los veintiún nuevos órganos judiciales que se crearán para el desarrollo del anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres, según afirmó ayer en la capital aragonesa la magistrada Montserrat Comas, vocal para Aragón del del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Comas, que ayer pronunció la conferencia inaugural de una jornada sobre Violencia en la familia organizada por el área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, señaló que, "aun careciendo de datos concretos, cada partido judicial aragonés contará con un juzgado de violencia sobre las mujeres que también será competente en otras materias".
"El anteproyecto contempla que los partidos judiciales grandes cuenten con dos, tres e incluso cuatro juzgados especializados en violencia doméstica", agregó la magistrada, que se mostró partidaria del endurecimiento de las penas contra los maltratadores previstas en el texto legal en preparación, "en particular la conversión de las faltas de coacciones y amenazas leves en delitos".
ORDENES DE PROTECCION "Uno de los principales problemas para combatir los malos tratos a mujeres es que, según demuestra un reciente estudio, en el 75% de las muertes por violencia doméstica de los tres últimos años no existían denuncias previas", subrayó Montserrat Comas. "Son delitos difíciles de probar --declaró--, pues ocurren intramuros del domicilio y la prueba fundamental es la de la propia víctima".
La vocal del CGPJ dijo que "habitualmente pasan entre cuatro y cinco años antes de que la víctima se decide a denunciar".
Comas comentó asimismo que, desde el pasado mes de agosto se habían dictado más de 10.000 órdenes de protección para mujeres maltratadas, "pero esta medida no ha evitado que dos mujeres protegidas hayan muerto a manos de sus compañeros".
Por este motivo, explicó la magistrada, el protocolo de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actualmente en debate incluirá la protección durante las veinticuatro horas del día de las mujeres sometidas a mayor riesgo, así como la obligatoriedad, a partir de octubre y si el juez así lo decide, de que los condenados por malos tratos lleven una pulsera electrónica que permita saber siempre dónde se encuentran.
La jornada sobre Violencia en la familia abordó asimismo los malos tratos a los ancianos y contra los menores de edad. La socióloga María del Mar Rincón, de la Universidad de Zaragoza, indicó que la violencia contra las personas mayores "deriva más de las negligencias que de los malos tratos físicos" y advirtió que "es un fenómeno ya antiguo pero que va en aumento".
Por su parte, Jesús Sierra Sánchez, jefe del Servicio de Protección a la Infancia y Tutela del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, manifestó que, "contra la opinión más extendida, es en la familia donde más se maltrata a los niños". El experto llamó la atención sobre el hecho de que "esta clase de situaciones se dan en todas las clases sociales", si bien reconoció que los problemas laborales, el bajo nivel cultural, la infravivienda y la mentalidad tradicional pueden acentuar el problema.
Finalmente, el antropólogo catalán Jordi Roca i Girona, desechando explicaciones sociológicas y biológicas, incidió en el hecho de que "el común denominador de los maltratadores es que proceden de un mismo horizonte cultural anclado en la tradición y caracterizado por su machismo".
