Zaragoza está a la cabeza en la lucha contra el ruido por la cantidad de actividades y denuncias promovidas contra el ayuntamiento", afirmó ayer el abogado de Murcia José Luis Mazón Costa, uno de los letrados más activos a nivel nacional en la reivindicación del derecho al silencio y el descanso. Esta campaña vecinal se produce, sin embargo, como consecuencia de la "indefensión" ciudadana ante la "falta de voluntad política" para atajar la contaminación acústica, tal y como denunció el presidente de la Plataforma Estatal de Asociaciones contra el Ruido (Peacram) y de la asociación de vecinos La Huerva, Ignacio Sáenz Cosculluela.

"Aragón es una de las pocas comunidades que no ha desarrollado una norma autonómica de la Ley estatal del Ruido, aprobada en octubre, lo que da una carta en blanco a todos aquellos que quieran incumplirla", lamentó Sáenz Cosculluela, quien habló de "absoluta indefensión ante una agresión intolerable".

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, achacó la semana pasada en las Cortes este vacío autonómico al "poco contenido y las graves deficiencias" de la ley, que, aseguró, no contempla aspectos como los niveles de inmisión o emisión, la calidad acústica o los mapas del ruido.

FALTA DE NORMATIVA "Esa reacción es meramente una excusa, porque otras comunidades sí tienen desarrollada esta competencia", le contestó ayer Sáenz Cosculluela, que nombró a Andalucía, Extremadura, Euskadi, Navarra, Galicia, Cataluña o Madrid.

En cuanto a los ayuntamientos, incluido el de Zaragoza, el presidente de Peacram criticó que "se primen más los intereses económicos que los derechos ciudadanos". Recordó, por ejemplo, que a pesar de una reciente ordenanza aprobada en el 2002 en Zaragoza, los bares de ocio continúan incumpliendo los horarios de cierre. "La única explicación es que esta situación se permite por corrupción, prevaricación continuada y amiguismo. Porque se presentan miles de denuncias que no surten efecto, mientras la Policía Local tarda horas en acudir a un aviso".

A este respecto, lamentó la ausencia de políticos y de representantes municipales, "porque he enviado invitación a todos y cada uno de ellos", aunque señaló la presencia de dos técnicos del Departamento de Medio Ambiente de la DGA.

Asimismo, recordó la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo pasado que reconocía como derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio por ruidos, humos y olores, al entrometerse en la intimidad. "España es uno de los países más ruidosos, y las Administraciones deben legislar acorde con los nuevos criterios", concluyó.