El funcionamiento ordinario de la Iglesia española será financiado por los contribuyentes católicos y no por el conjunto de la población. La vicepresidenta Fernández de la Vega anunció ayer un acuerdo alcanzado horas antes con la Conferencia Episcopal. La asignación de fondos a través del IRPF pasará del 0,5239% actual al 0,7%, pero se suprimirá la garantía del Estado de cubrir la diferencia entre lo recaudado por esta vía y la cantidad global que se asignaba hasta ahora para subvencionar a la Iglesia católica.
El acuerdo es una buena noticia, porque normaliza las relaciones de la Iglesia con el Estado, que es aconfesional. Los españoles que no profesan ninguna religión o profesan una distinta de la católica se verán liberados de la obligación absurda de sufragar, vía impuestos, los gastos de una iglesia a la que no pertenecen.
Nada dijo la vicepresidenta De la Vega sobre si también pasará del 0,52% al 0,7% la aportación voluntaria de los contribuyentes a las organizaciones con fines sociales, la otra x de la declaración de la renta. El Gobierno negociará ahora con las onegés con la voluntad de cerrar un acuerdo similar, porque resultaría discriminatorio que no recibieran el mismo trato. También sería lógico que se encontrara una fórmula para que los seguidores de otras religiones distintas de la católica pudieran disponer de su propia x en la declaración de la renta.
