El hecho sin precedentes de que España lleve casi tres meses con un Gobierno en funciones no debe implicar ningún menoscabo de uno de los principios más genuinos de la democracia: el control del Ejecutivo por el poder legislativo. La negativa de Mariano Rajoy a comparecer en el Congreso --como este le reclama-- amparándose en que la ley dice que un Gobierno en funciones debe limitarse al "despacho ordinario de los asuntos públicos" es una estrategia filibusterista que entraña un desprecio a los representantes elegidos por los ciudadanos el 20-D. Acogerse a una interpretación literal y restrictiva de la norma para eludir el control del Congreso durante esta interinidad dice mucho del talante del PP, muy parecido al que exhibe Rajoy cuando declina solicitar a la Cámara su investidura y espera que otros grupos se la acaben facilitando por sentido de la responsabilidad. Si la Moncloa mantiene la resistencia a dar explicaciones al Congreso, no se descarta instar un conflicto ante el Constitucional.