Parece más que loable el intento del gobierno de Aragón para contar con una nueva ley de la función pública, siempre y cuando su objetivo último estribe en reforzar el peso de "lo público" sobre lo privado, justo cuando llevamos años asistiendo al desarrollo de ideas que pretenden arrinconar "lo público" e imponer la salvaje ley del dinero. En lo "público" están incluidos toda una serie de servicios, una Enseñanza, una Sanidad, una Justicia, una Administración, una Hacienda y tuttiquanti al servicio del conjunto de los ciudadanos. Normar los mecanismos que rijan el quehacer de los "funcionarios", despolitizar la administración, regular el acceso al empleo público y la carrera profesional, reducir a tres el número de cuerpos funcionariales, además de impulsar la máxima transparencia, son cuestiones importantes que a todos debería parecer bien. Un Estado moderno de corte solidario y progresista exige una función pública potente, profesionalizada e independiente en el ejercicio de sus cometidos. Y de paso, no estaría de más una campaña explicativa a la ciudadanía sobre "los funcionarios", objeto de innumerables tópicos, soeces calificativos e incomprensiones varias. Claro que habrá funcionarios que no cumplen, como en todas partes. Pero, más allá de lo superficial, ahí está el servicio que la inmensa mayoría presta a la sociedad. Esos funcionarios que, mira por dónde, todavía esperan cobrar la extra de 2012, gracias al buen hacer de unos políticos más que impresentables. Profesor de universidad
