El apoyo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 ha llevado a la Unión Europea a abrir un periodo de reflexión sobre la posibilidad de desbloquearlas temporalmente para ampliar la capacidad de producción. Una rectificación sobre la marcha de la posición inicial de los socios europeos, entre ellos España, contrarios a una medida de tales características. Al mismo tiempo, Rusia y China, al frente de un centenar de países han manifestado su apoyo a la iniciativa de la Casa Blanca, mientras el Reino Unido, Suiza y Japón han dicho oponerse a ella.

Más allá de la necesidad evidente de que la inmunidad de grupo sea una realidad a escala global y no solo en los países ricos para que de verdad se restablezca la normalidad, antes de adjudicar méritos y reproches conviene no olvidar que Biden ha lanzado la propuesta después de meses de cerrar las fronteras a la exportación de vacunas a terceros y cuando el 56% de los estadounidenses ya están vacunados. Conviene asimismo tener presente que, en cambio, empresas ubicadas en la Unión Europea han suministrado 200 millones de vacunas y que algunos países han aprobado planes de ayuda específicos –España enviará 7,5 millones de dosis a Latinoamérica con el 50% de la población vacunada– para socorrer a países con índices de vacunación del todo insuficientes.

El debate se ha reabierto después de que cayesen en saco roto las peticiones de la India y Sudáfrica para que se liberaran las patentes y se permitiera la producción de genéricos hasta acabar con la pandemia. La urgente necesidad que impulsan a perseguir cualquier medida que facilite el acceso global a las vacunas durante este periodo de emergencia no debe ocultar que la complejidad de la materia en discusión es de tal magnitud que toda simplificación carece de sentido. Las farmacéuticas tienen derecho a rentabilizar sus inversiones en investigación y a trabajar con garantías solventes de que el desarrollo de nuevos medicamentos contará siempre con el respaldo internacional para preservar la vigencia de las patentes. De la misma manera, a los estados, que han movilizado ingentes recursos públicos en apoyo del esfuerzo que ha llevado a conseguir desarrollar vacunas en un tiempo récord, les asiste el derecho de asegurarse contrapartidas en el suministro y de reclamar que los criterios a barajar en este debate no sean solamente puramente empresariales.

Es obvio que el estallido epidémico en la India ha operado como la prueba de convicción definitiva de que no cabe vencer al virus y sacar el máximo partido a la vacunación si aquí y allá surgen o se estancan núcleos de contagio con una gran capacidad de propagación y de desarrollo de nuevas variantes. Pero aunque Estados Unidos se haya convertido en el gran promotor de la liberalización temporal de patentes y Europa se sume, no se pueden esperar resultados inmediatos. Al final, una medida de ese tipo habrá de pasar forzosamente por la Organización Mundial de Comercio, que habitualmente toma sus decisiones por consenso, algo muy complicado de alcanzar en un escenario donde chocan intereses contrapuestos y traducirse en la puesta en marcha de plantas de producción capaces de producir vacunas en las cuatro esquinas del globo, algo que no será en absoluto fácil. Pero no hay ninguna alternativa basada únicamente en el egoísmo al imperativo de conseguir la inmunidad global.