La tan repetida cogobernanza se instaló en plena pandemia como una suerte de buenismo del Gobierno para ofrecer a las comunidades autónomas herramientas de gestión. Una confianza entre administraciones que demostró ser la incapacidad política del Gobierno (y su poca habilidad parlamentaria) ante la pandemia. Tras 15 meses seguimos improvisando y generando desconcierto. Un día fue un tal Salvador Illa y ahora es cosa de Carolina Darias. Siempre bajo la portavocía del insulso Fernando Simón.

Las responsabilidades del Gobierno en la gestión de la pandemia han brillado por su ausencia. Tan solo el bienaventurado Pedro Sánchez es capaz de apelar a las buenas noticias sin mostrar un ápice de preocupación por aquello que genera tanto resquemor en la sociedad. Las nuevas restricciones propuestas –e impuestas– por el ministerio de Darias recibieron una clara contestación autonómica. No solo por Ayuso, tratada de rebelde mientras la Justicia le da la razón, sino por un club de díscolos con otras autonomías como el País Vasco.

Es inaudito que el documento con las restricciones, tan necesario y útil para articular la sucesiva desescalada, haya estado en vigor menos de 48 horas. Las restricciones eran más duras que durante el estado de alarma, cuando la campaña de vacunación avanza a buen ritmo, incluso invadía competencias autonómicas como el derecho a fijar horarios o aforos. Un sinsentido. Nunca hubo un plan B jurídico para una desescalada que se percibía desde hace meses ni se ha intentado apostar por el consenso autonómico.

Solo con esto se demuestra que no hay nadie al timón de una crisis sanitaria que se ha ido capeando por el esfuerzo de los servicios esenciales y con la lucidez, como Aragón, de armar con prudencia una ley contra la pandemia que se demuestra fundamental.