La suciedad en las calles de Zaragoza es la segunda preocupación de los zaragozanos tras el transporte urbano. Así lo pone de manifiesto el barómetro municipal de servicios públicos correspondiente al primer semestre de este año. Esta preocupación se traduce también en una mala valoración para el servicio que se presta desde el ayuntamiento y que el equipo de gobierno parece querer combatir con una revisión de la ordenanza de limpieza de la ciudad, a la vuelta del verano.

Sin desdeñar que todo es susceptible de ser mejorado, es cierto que buena parte de la responsabilidad del aspecto sucio de algunos sectores de la capital aragonesa es atribuible a los ciudadanos. Solo hay que callejear por la capital aragonesa para ver cómo muchos de los contenedores están rodeados de bolsas de basura, maderas, cajas, muebles y pequeños electrodomésticos. Y todo pese a la existencia de puntos limpios fijos y móviles, una red de contenedores para papel, vidrio, plásticos, aceites y ropas, un servicio de recogida de residuos orgánicos, que para sí quisieran en muchas ciudades europeas, y otro de muebles y enseres voluminosos que casi funciona a demanda y es gratuito. Ante la proliferación de estos comportamientos incívicos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha comisionado a la Policía Local para que intensifique la vigilancia y multe a los infractores de la ordenanza; unas sanciones que tienen previsto endurecer para doblegar estas conductas.

Es lamentable que solo sean efectivas aquellas medidas que afectan al bolsillo, pero el antecedente más directo y eficaz ha sido el de la Dirección General de Tráfico. Pese a las campañas cada año más agresivas tuvo que ser el carnet por puntos, el aumento de la cuantía económica de las multas y la consideración como delito de algunas infracciones el arma más disuasoria. Que la ciudad de Zaragoza esté limpia no solo depende del número de contenedores y de la empresa concesionaria, que es lo primero, también del comportamiento de los que la habitamos.