Con el nuevo curso vuelven a aparecer los mismos conflictos, las mismas imágenes, los mismos problemas y los mismos personajes con las mismas descalificaciones y mentiras. Y si teníamos alguna esperanza de cambio, ver en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno de los miércoles quita cualquier espacio de duda.

Siguen igual que siempre: escasos argumentos, las mismas pullas, iguales descalificaciones… y muy poco de lo que nos afecta al ciudadano de a pie. Lo importante es buscar el minuto de gloria con la frase más ingeniosa que pueda repetirse en las redes y, con suerte, hacerse viral.

Temas de calado

Y sin embargo, la agenda política del Gobierno para los próximos meses no es apta para cardíacos. Por un lado debe sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que debería presentar en la primera semana de octubre. A lo cual hay que añadir temas de gran calado social como la ley de vivienda, la ley de movilidad (peajes), los límites al precio de alquiler, el precio de la electricidad, las infraestructuras en las CCAA ( con la vista puesta en posibles agravios con Cataluña), la financiación de estas con Madrid y su dumping fiscal en el punto de mira, y el paquete de reformas que de una u otra forma están comprometidos con la UE en las negociaciones de los fondos adquiridos.

Son 16 reformas con rango de Ley, entre las cuales hay dos de gran repercusión social. El mecanismo de equidad intergeneracional, antes conocido como factor de sostenibilidad de las pensiones, y la derogación de la reforma laboral del PP del año 2013, comprometida en los acuerdos de la coalición de Gobierno, y planteada en Bruselas como una necesidad para mejorar el empleo y los derechos laborales en nuestro país.

Sobre el posible contenido del mecanismo de equidad intergeneracional poco se sabe, solo el compromiso de consensuarlo antes del 15 de noviembre y si no hay acuerdo, el Gobierno legislará. Los sindicatos, a tenor de sus declaraciones, creen que con las reformas planteadas en el acuerdo de pensiones, firmado a finales de agosto por el Gobierno, sindicatos y empresarios, hay movilización suficiente de ingresos para hacer frente a los déficit de la generación del baby boom (nacidos entre 1958 /70). Los empresarios consideran que hace falta un mecanismo que corrija el déficit sin decir a costa de quién. Y el Ministro Escrivá a finales de agosto dijo que el nuevo mecanismo «igual ni hace falta» aplicarlo.

Gregor

En la reforma laboral el Gobierno sí ha movido ficha, planteando extinguir las altas cotas de temporalidad indebida y modificar la subcontratación y la flexibilidad interna entre otras cuestiones. Aquí las posturas de sindicatos y empresarios son muy distantes, y aunque el diálogo social se basa en la permanente búsqueda de una solución pragmática, las dificultades están a la vista.

Si a este tsunami legislativo le añadimos que estamos en plena pandemia, el conflicto catalán y la insumisión del PP con la renovación de los órganos derivados de la Constitución (el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo...), no hay duda de que la tarea es mucha y el futuro de todos depende en gran parte del trabajo que se avecina.

La imagen del país

Los problemas de los ciudadanos, principalmente económicos, según el último CIS, solo irán resolviéndose conforme salgamos de la pandemia, con el desarrollo legislativo pendiente y el que sea necesario implementar, la confianza en el impulso económico con que estamos saliendo del covid, el uso adecuado de los fondos europeos que estamos recibiendo y la concertación social.

En este marco la imagen del país es muy importante. Por eso, cuando Pablo Casado aprovecha sus viajes a Europa para descalificar al Gobierno, hace un flaco favor al país para el que tanto dice querer lo mejor. Cuando el pasado 10 de septiembre intervino en la despedida de Merkel acusando al Gobierno de España de que está gastando mal los fondos recibidos de la UE, cuando la mayor parte de los mismos están distribuidos entre todas las CCAA y no presenta ninguna prueba o denuncia, solo transmite la fobia que destila los miércoles en las sesiones de control. Este patriotismo de hojalata que tan bien definió Cristóbal Montoro («que caiga España que ya la levantaremos») le retrata en su nulo compromiso con el futuro de España.