El título de esta columna es una declaración de intenciones. O así lo quiere ver el Gobierno de Aragón, a juicio de su consejera Sira Repollés. Lo que podría ser un comentario de barra de bar se ha convertido en una frase que ha sentenciado la ética y el rigor que se le pide a un responsable político. En este caso a la consejera Repollés. Y que marcará las discrepancias judiciales futuras que tendrá el Ejecutivo autonómico con el poder judicial aragonés.
Nadie duda que el pulso mantenido desde hace meses entre el Pignatelli y el Coso, es decir, entre el Gobierno de Lambán (los de izquierdas) y el TSJA (los de derechas) –Repollés dixit– ha llegado a un límite. La gota que colma el vaso, suele decirse. Aunque muchos lo quieran disimular u otros acepten unas disculpas fingidas. La realidad es que la guerra soterrada es más que visible tras las declaraciones de Repollés.
La gestión del covid se dividió en 17 decisiones autonómicas sin haber una ley nacional. De ahí que las decisiones de cada presidente quedaban sujetas al visto bueno judicial y estos, mientras, estaban buceando en la interpretación jurídica de leyes obsoletas. Quizá lo razonable, por parte de Repollés, hubiera sido apelar a una ley de pandemias. Claro que eso es señalar al jefe Sánchez o a la inacción del Congreso. Y al quejarse de la ausencia de una ley concreta, pedir la buena voluntad de los jueces en su interpretación para ayudar a frenar la pandemia.
Sé que muchos lectores compartirán la tesis de Repollés entre la diferencia ideológica de los jueces y del Ejecutivo de Lambán. Pero diré algo: en un Estado de derecho, las formas son fundamentales. Y en España seguimos inmersos en una crisis de improvisaciones y ocurrencias. Lo fácil es señalar al de enfrente en vez de hacer autocrítica. Ahí debería haber entrado Repollés. Y no con su mensaje iliberal y peligroso que la ponen al nivel de un populista más.
