Ya estamos comprobando, en la retaguardia europea, que la guerra provoca muchos problemas relacionados con las consecuencias de la inflación. Si suben los precios de los alimentos, de los combustibles o de la energía la población se empobrece más, el consumo de bienes menos básicos se reduce y las empresas (sobe todo pequeñas y medianas) que aún no se han recuperado de la crisis de la pandemia, pueden situarse al borde de la quiebra.
En tiempos de guerra en Europa, los estados adquirieron una importancia determinante para frenar el descontento social y laboral que generó la subida del coste de la vida. Durante las dos guerras mundiales e inmediatamente después, los países europeos desplegaron un catálogo de medidas que acabaron sistematizándose en los estados del bienestar de los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX. Lucharon contra la inflación fijando precios, concediendo pagas extraordinarias, subiendo los salarios e implantando salarios mínimos, legislando por ley las ocho horas. Además, intervinieron en las relaciones laborales mediante la formación de comités paritarios de patronos y obreros para negociar condiciones de trabajo, fomentando la aparición de arbitrajes obligatorios en caso de conflicto o legislando sobre convenciones colectivas en cada sector productivo. Finalmente, grandes empresas estratégicas, de energía o de transporte, acabaron en manos públicas, para llegar mejor a la mayoría de la población y garantizar derechos, que también se aseguraron con la extensión definitiva de la progresividad fiscal.
Cabe preguntarse qué sucederá después de que la guerra, o la pandemia, hayan terminado (suponiendo que terminen razonablemente bien)
Creo que es posible afirmar que, actualmente, está sucediendo algo similar. Parece menos sorprendente porque estas nuevas orientaciones económicas ya se conocen desde la pandemia, pero conviene recordar que no hace tanto tiempo los estados estaban tan preocupados por la deuda pública que los recortes en educación, sanidad y pensiones eran la única salida para evitar la bancarrota. O era tan absolutamente imposible intervenir sobre las leyes del mercado de la energía que quien se atrevía a sugerirlo era inmediatamente arrojado al infierno estalinista. Mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores era propio de irresponsables y de malos gestores, ya que dificultaba el crecimiento y por tanto comprometía la devolución de la deuda. El hecho de que Grecia fuera prácticamente desmantelada hace unos años y que ahora vayamos a recibir decenas de miles de millones de euros para reconstruir Europa es uno de los ejemplos más sangrantes de que la ortodoxia económica liberal no es más que una doctrina religiosa, fundamentada en la fe y alejada de cualquier argumentación científica. Y demuestra que se empleó la deuda pública como arma política para quitar y poner gobiernos.
Medidas muy excepcionales
Pero aun así, cabe preguntarse qué sucederá después de que la guerra, o la pandemia, hayan terminado (suponiendo que terminen razonablemente bien). Seguramente los grandes poderes económicos lucharán por volver a la situación anterior, es decir, por mantener a los estados fuera de sus negocios tras haber captado la mayor cantidad posible de fondos públicos. Por eso Europa nos habla ya de medidas muy excepcionales y la derecha española vuelve a insistir en que es necesario bajar impuestos, para descapitalizar las arcas públicas y no dejar otra opción más que los recortes sociales. Los trabajadores, por su parte, tendrán que luchar por mantener las medidas de mayor justicia social (salarios, pensiones, servicios públicos) y por lo tanto, saber distinguir entre quienes están dispuestos a acompañarles en este esfuerzo y quienes vociferan sobre la patria en peligro, los invasores musulmanes o los aquelarres feministas.
