Cada vez se acotan más los espacios para fumadores. La última prohibición anunciada afecta a las playas. El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido fumar en los tramos de su litoral desde julio, tal como ya ocurre en otras poblaciones costeras, como L’Escala, Sant Feliu de Guíxols, Lloret y El Masnou. Por lo que la medida podría extenderse a otras localidades. La prohibición no solo busca una reducción del consumo, sino también una protección hacia todos los no fumadores y un menor impacto en el medio ambiente.
Si en la última normativa nacional al respecto, de 2011, aún se permitía el tabaco en exteriores como terrazas o campos de fútbol, con el empuje de circunstancias concretas que ya limitaban esta posibilidad, bien por medidas individuales, bien por recomendaciones o reglamentos específicos a causa de la pandemia, la reforma prevista por el Ministerio de Sanidad para este 2022 es absolutamente taxativa. Prevé una prohibición en todos estos lugares y, en general, en aquellos espacios abiertos con aglomeración de personas (incluidas las playas, por supuesto), pero también en vehículos particulares con menores o embarazadas. Al mismo tiempo, en la nueva ley y en el plan antitabaco, se proponen medidas disuasorias como el aumento de los impuestos y del precio del producto. Todo ello, con la recomendación de las entidades científicas y médicas, que abogan por la necesidad de una reducción de la población fumadora que, según la última Encuesta Europea de Salud, es en España de un 16,4% entre las mujeres y un 23,3% entre los hombres, con unas cifras de mortalidad, achacables al tabaco, de más de 50.000 personas por año.
Uno de los objetivos de la nueva legislación no es solo aumentar la presión social sobre los fumadores para rebajar los porcentajes, sino salvaguardar la salud de los fumadores pasivos, expuestos al humo en muchos de los sitios en los que muy pronto no se podrá fumar. Y no solo se refiere a los cigarrillos, sino también a los puros, el tabaco de liar, las pipas de agua y los cigarrillos electrónicos.
El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que se extiende hasta 2025, prevé reducir en un 30% el consumo, en relación a los datos de 2010, y, de manera especial aboga por una sociedad más sana y también más respetuosa para el prójimo y para el medio ambiente. Ordenanzas como la de las playas se anticipan a la legislación estatal y se encaminan en la misma línea de dureza para desterrar un hábito dañino e insalubre.
