Jesús Ruiz-Huerta, presidente del comité de expertos para la reforma tributaria, declara respecto a subir o bajar los impuestos: «Consiste en ver cuáles son las necesidades de gasto, cómo las podemos financiar y cómo garantizamos que todo el mundo participe en función de su capacidad económica».
Las necesidades de gasto van muy unidas a los programas electorales de los partidos políticos. Son en ellos donde se deberían comprometer a definir cuáles son los servicios que, en caso de gobernar, estarían dispuestos a prestar a la sociedad y a sus ciudadanos; una vez hecho y cuantificado el coste de estos, y solo en ese momento, se debe realizar el proyecto de los ingresos necesarios, es decir, los tributos que debemos pagar los contribuyentes y en qué medida debe hacerlo cada uno según su economía. Esta, y no otra, es la única forma de gestionar la cuantía de los impuestos que cualquier Administración pública necesita para afrontar sus gastos, porque ofrecer bajada o subida de estos, como elemento político, es enmascarar las directrices de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
Consecuencia derivada
Los impuestos son consecuencia derivada de lo que se ofrece. Veamos un ejemplo: si un partido político elimina de su programa electoral la sanidad pública, podrá decir, con toda seguridad, que sus impuestos serán menores que cuando los servicios sanitarios son públicos y universales. Por tanto, entre gastos e ingresos existe una derivada total, ofrecer mayores servicios y disminuir los impuestos tiene la misma posibilidad que sorber y soplar al tiempo.
De cualquier forma, el tema fiscal tiene una problemática que supera al monto global de los ingresos, que como refería en los puntos anteriores son la fórmula de posibilitar los gastos. Ahora bien, ¿cómo se deben distribuir los impuestos entre los ciudadanos? Esa es la discusión donde se establecen las fórmulas políticas de los partidos en cuanto al modelo fiscal. Es necesario que se tengan en cuenta los distintos tipos impositivos, aquellos que se aplican de manera directa: IRPF o los que afectan de manera indirecta: IVA.
Ahora bien, ¿cómo se deben distribuir los impuestos entre los ciudadanos?
El impuesto sobre el valor añadido se paga sobre el consumo y las operaciones comerciales y, por tanto, tiene el mismo peso para todos los consumidores por igual, sin considerar cuáles son las posibilidades económicas de quien realiza la transacción (cuando se compra gasolina para el coche todos pagamos los mismos impuestos). Sin embargo, los directos afectan a los ingresos de cada uno y, por ende, los porcentajes a aplicar tienen que ver con la cuantía de estos, por ejemplo: los tramos que se aplican en el IRPF van desde el 19% hasta el 45%, acordes a los ingresos obtenidos por el contribuyente, cuanto más altos, mayor porcentaje a aplicar, es decir, tienen carácter progresivo y redistribuyen la riqueza, pues gravan a la persona de diferente manera que los indirectos que lo hacen sobre los bienes y servicios.
Por tanto, el debate nunca debería estar en la bajada o subida de impuestos, tendría que hacerse sobre la oferta de servicios públicos y su coste. A partir de ahí habría que determinar la distribución fiscal entre los ciudadanos. Para esto sería conveniente que la ya tan manida discusión de que la Unión Europea debería liderar un único modelo fiscal para todos sus miembros empiece a conformarse en una realidad. Se ha cerrado el acuerdo de Estabilidad que permite una política económica, sostenible y razonable, claro está que puede ser así cuando no hay crisis, de facto ahora quieren prorrogar un año más las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad, debido a la incidencia que la pandemia nos ha generado
Generación de ingresos
Existen teorías que basan la generación de ingresos para las arcas públicas en el crecimiento económico y, por ende, el camino hacia el pleno empleo. Sin negar que esto es puntualmente cierto, lo real es que volvemos a lo mismo, los partidos políticos tienen como función principal ofrecer al ciudadano dos premisas: cómo entienden ellos el modelo de sociedad y qué coste supone hacerla realidad. Si el ciudadano opta por la propuesta donde se ofrece un abanico de servicios públicos, destinados a la población, debe ser consciente de que conlleva un gasto que entre todos se debe asumir, y es ahí donde se tiene que regular el reparto fiscal, pues ni es lógico que solo se estudie la bajada de impuestos, sin determinar sus consecuencias, ni tampoco que solo se contemple la subida a los más ricos, cuando este concepto es altamente inconcreto. Se trata de números, sin embargo, se debería aplicar una aritmética racional y solidaria.
