En estos tiempos en los que la tergiversación política consigue malabarismos imposibles, de hacer que aquellos que visten de negro se proclamen defensores de lo blanco, hay que ser cuidadoso para no confundir fascista con demócrata. Hace unos meses, esgrimiendo un argumento maquiavélico, Macarena Olona aludía al voto negativo de la republicana y socialista Victoria Kent ante el sufragio femenino en 1931. Su arenga enarbolaba una bandera que nunca ha sostenido su perfil ideológico, atacando la superficie de esta decisión sin observar el fondo: el riesgo de que, en un mundo rural, donde la voz de las mujeres era impuesta por su marido, padre o páter, subyugadas por la tradición, el crucifijo y el patriarcado, la concesión de este derecho fundamental no concluyera en un uso libre del mismo.
Es evidente que la sociedad española ha avanzado en términos de igualdad y derechos de las mujeres. En los últimos tiempos es un tema transversal fruto de la lucha callada de muchas y la renovada reivindicación y liderazgo de las nuevas generaciones.
Sin embargo, esa brecha sigue pululando y condicionando situaciones de sonrojo social. Ese precipicio se muestra visible en ese mundo rural azotado por mil problemas y algunos más si eres mujer. El envejecimiento y la masculinización son más visibles que en las ciudades.
Esta semana el Gobierno de Aragón ha abierto a consulta pública el proceso de elaboración de la norma que sustente un Estatuto de la Mujer Rural. Solo País Vasco y Castilla La Mancha cuentan en la actualidad con textos similares.
El documento debe ahondar en buscar soluciones a una realidad dañina. Subsanar la falta de presencia de las mujeres en puestos de mando en ayuntamientos rurales o su expansión fuera de cargos estereotipados como cultura o servicios sociales, y aumentar las cuotas de participación en sindicatos agroganaderos, cooperativas o sociedades de regantes.
Retos como potenciar el emprendimiento y el acceso a la formación, promover diversidad laboral fuera de los servicios y la dependencia, impulsar planes efectivos de corresponsabilidad para facilitar la conciliación familiar o dotar de herramientas, protocolos y campañas de sensibilización frente a la lacra de la violencia machista.
El proceso legislativo pretende aprobar el Estatuto antes de unas elecciones con incertidumbre en las que la mujer rural debe ser consciente de la utilidad de su voto, orgullosa de lo que es y de su lucha, la de Victoria Kent, sin mantilla ni crucifijo, con voz propia.
