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El Periódico de Aragón

Editorial

El conflicto del bus se traslada a la política

El interminable conflicto del autobús urbano de Zaragoza se trasladó ayer a la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de la capital aragonesa. Los paros del transporte público no solo comienzan a agotar la paciencia de los ciudadanos, que ya no ocultan su comprensible malestar, sino que empiezan a hacer mella en el debate político como se puso de manifiesto ayer en el consistorio. La tensión crece y es mayor conforme se acerca el inicio de las Fiestas del Pilar, el próximo día 8 de octubre. Porque el encomiable intento de mediación por parte del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha resultado infructuoso. Porque la batalla por mejorar los salarios de la plantilla (la última oferta era de un 8,5% de subida de las nóminas en tres años y una cláusula de revisión del 12%) ha quedado eclipsada por la batalla sindical interna. Y, sobre todo, porque no se atisba una solución en el corto plazo como ya ha avisado el comité: «la situación va camino de más huelga», advirtió hace solo unos días. Más si cabe, cuando la movilización es secundada por más del 90% de la plantilla y los sindicatos que no comparten los postulados de la CUT y SATRA (mayoritarios y rivales dentro del comité) no quieren salirse del guion marcado.

Desde que se desató el conflicto laboral, las discrepancias entre Avanza, que tiene la concesión del servicio, y el comité de empresa han ahondado en su incapacidad flagrante de llegar a un mínimo consenso para desbloquear una huelga que parece perpetuarse en el tiempo y que puede pasar factura, no solo a los trabajadores (pérdida salarial) y a los ciudadanos (por todos los trastornos ocasionados) sino también al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y, particularmente, a su concejala, Natalia Chueca. Porque, en definitiva, por algo se dice que la política es el arte de solucionar los problemas a los ciudadanos.

Nadie duda de que se trata de una negociación privada entre dos partes, incapaces de acordar un convenio colectivo, a pesar de que las conversaciones se han prolongado durante más de dos años, y de que se han superado los 20 meses de huelga. Pero a nadie se le escapa que este asunto se le ha ido de las manos al consistorio y que su alcalde, Jorge Azcón, afronta unas semanas complicadas con un grave problema de movilidad en una ciudad que espera recibir, en algunos actos programados, más del 30% del aforo que se registró en 2019, antes de la pandemia. El endiablado escenario, además, puede provocar una pérdida de reputación y de imagen a Zaragoza como ciudad.

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