No entiendo cómo se establece la catalogación de diputados y senadores, pues si existiese un método para hacerlo, en realidad, estaríamos etiquetando a los ciudadanos a los que representan, o sea, sería este un país de tribus: unos ciudadanos diferentes a otros. Como ya me he pronunciado en otras ocasiones, continuaríamos en la España enfrentada por bandos.
Creo que sí debe ser admitido que las ideas van implícitas en las personas, pues esto les permite identificarse con personalidad propia y por tanto dar vida al conjunto; pero si lo que hacemos es clasificar y hacer guetos que nos adjetivan (siempre en negativo), me atrevería a afirmar que somos una sociedad sin futuro y sin ningún camino que ofrecer a las siguientes generaciones.
Considero que sería conveniente pensar en el significado de determinadas afirmaciones que hacemos con toda contundencia. Defendemos, como constitucionalmente se declara, la unidad de España, pero ¿lo hacemos en el sentido que le dieron los padres de la patria? Creo que nos hemos limitado a utilizarla como arma para esgrimir contra quienes no la entienden y, por supuesto, esto lo que consigue es un atrincheramiento de posiciones. Entiendo que lograr articular un mensaje o una imagen, sobre que todos juntos podemos hacer esa unidad es el compromiso para todos, sin exclusión.
En las últimas elecciones generales, hay quienes hablan con desprecio y dándoles un valor de insignificante representación, sobre aquellos que se llaman independentistas ya que, sin duda, está en su programa político, pero que para conseguirlo deben empezar por cambiar la Constitución y que en sus territorios les den suficiente apoyo. Pues bien, estos son 28 diputados que han sido elegidos para representar a sus electores, o sea, a 2.200.000 ciudadanos. Me gustaría que se hiciese una declaración pública por aquellos que opinan sobre que esta cantidad de personas no tienen los mismos derechos que tenemos los demás y, entonces, se entenderá el porqué de la razón de no querer convivir con nosotros .
Es fundamental que entendamos que todos los que pertenecemos a lo que denominamos Estado Español, somos iguales en derechos y libertades y podemos defender nuestras ideas sin impedimentos, esto es el alma de nuestra Constitución, de esa que aprobamos hace 44 años por mayoría, algún partido de los que hoy se denominan constitucionalistas no la aprobaron todos ellos. Ahora damos permiso para aprobar las leyes a algunos diputados, seria incoherencia. Sirva como ejemplo los últimos presupuestos aprobados para 2023 que Bildu condicionó para dar su apoyo. Veamos cuáles fueron estas condiciones: que las pensiones no contributivas se incrementasen en un 15%, no para el País Vasco sino para toda España; que los alquileres no pudiesen incrementarse en más de un 2%, también para todo el Estado español y, por último, la transferencia de la competencia de la gestión de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra. Un detalle: esto ya fue aprobado en el año 2000 por el entonces presidente del Gobierno de España, José María Aznar, junto con el presidente de Navarra, Miguel Sanz de Unión del Pueblo Navarro, partido también conservador. Duras condiciones donde las haya y que dan pie a la independencia de Euskadi, es lo que se oye a diestro y siniestro: un poco de seriedad, por favor. Cada grupo político, cada diputado en el congreso, está en su derecho de usar su voto como mejor considere y serán sus electores quienes los sancionen en las urnas en un sentido u otro.
Acabamos de celebrar el aniversario de nuestra Constitución y deberíamos ser conscientes de que 44 años no son pocos. Los más jóvenes que la votaron aquel día tienen ahora 62 años, a las puertas de la jubilación, y sus hijos estarán en la década de los treinta, por tanto, no es lógico que afirmemos que esta sociedad es la misma que la de 1978. Admitamos que la Constitución representa un modelo de convivencia que ya no existe y, por tanto, es necesario actualizarla para que continúe representándonos. No pensemos que la estamos traicionando, ni mucho menos, todos los países democráticos, y en Europa, por supuesto, han hecho cambios en sus constituciones: Alemania ha realizado 62, este es el ejemplo de máximos, la constitución belga en 60 ocasiones, la italiana 44 y la de Estados Unidos 27 veces. Por tanto, asumamos que al margen de las dos mini reformas que hemos hecho: el 27 de agosto de 1992 en el artículo 13.2 se añadieron las palabras: «y pasivo», por exigencia del Tratado de Maastricht para dar derecho a sufragio a los extranjeros en las elecciones municipales, y el segundo cambio se originó el 27 de septiembre de 2011 en el artículo 135, estableciendo el concepto de «estabilidad presupuestaria», debido a la crisis económica de 2008, nuestra constitución se nos ha quedado «obsoleta».
Creo que debemos trabajar en realizar esa transformación en profundidad de nuestra constitución. En primer lugar, el artículo 56 que habla sobre la inviolabilidad del Rey, no se puede repetir la experiencia vivida con el anterior. Segundo, la prevalencia del varón a la mujer en la sucesión, esto no es óbice para que sea debatible la preferencia de los ciudadanos entre monarquía o república. Y por último el Título III con relación al Senado, creo que éste debería convertirse en una Cámara de representación territorial. En definitiva, poder hacer un repaso general donde, aun a pesar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, podría debatirse sobre si España continúa siendo un país de nacionalidades y regiones o, más bien, es una República Federal Laica que da verdadera consistencia a los autogobiernos que tienen los 17 territorios actuales. Yo defiendo esto a través de mis ideas y en debate racional.
No tengamos otro miedo que el de la falta de respeto a la limitación de derechos y libertades que algunos desean ejercer como administradores de aquello que ni tienen ni les corresponde. La legalidad que da la democracia para quienes ser ciudadanos y personas es el objetivo de sus vidas, es lo único importante.