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El Periódico de Aragón

Carmen Lumbierres

Seguros privados, salud pública

El gasto sanitario privado representa en España el 29,4% del gasto sanitario total. Es uno de los países donde el gasto sanitario privado es más elevado situándose por encima de la media de la OCDE, del 23,3%. En el otro extremo y con poca sorpresa se encuentran los países nórdicos y Alemania por debajo el 15%. Más de 11 millones de personas tienen un seguro de salud, lo que supone que prácticamente uno de cada cuatro habitantes financia doblemente su atención médica. Y en Madrid, Barcelona, Ceuta o Melilla es ya más de un tercio la población con seguro médico privado.

Si bien durante la pandemia el número de ciudadanos que adquirieron un seguro privado creció en toda España, este es un fenómeno que se percibe con claridad en la última década con un incremento de un 3% por año. Deberíamos buscar explicaciones sobre el aumento de esta demanda en «la mejor sanidad del mundo» y aunque son multifactoriales, no podemos responsabilizar solo a la sociedad que se deja influenciar por el marketing sanitario privado, ni a estas empresas que encuentran un espacio en los fallos prestacionales y lo que buscan es hacer negocio como en cualquier otro sector económico.

El garante máximo de nuestra calidad asistencial es pública, y todo este fenómeno denota una peligrosa falta de confianza de los ciudadanos sobre los gestores gubernamentales del sistema sanitario público ante la lentitud de las reformas que los profesionales del sector llevan desde hace décadas reclamando.

El aumento de los seguros privados voluntarios es el síntoma que presagia un mal pronóstico, las desigualdades pueden entrar por una vía implícita muy peligrosa para la equidad; y como ejemplo el acceso a diagnósticos realizados en el privado que se transfieren como urgentes luego en el sistema público. Cuántos no hemos pasado por esta doble carrera paralela del ejercicio profesional de miles de médicos que compatibilizan privada y pública, y nosotros, nos hemos prestado. Esta deformación de la equidad en el acceso para aquellos que pueden pagar un seguro y aceptado comúnmente con una práctica tolerada ejemplifica la necesidad de transformar la atención sanitaria.

De una manera arriesgada y clara deberíamos acordar entre todos o con una mayoría suficiente, qué es lo que debe garantizarse públicamente, con qué criterios de inclusión, qué conviene dejar a la responsabilidad privada, con qué nivel de regulación o qué nivel de compatibilidad profesional es aceptable entre el ejercicio público y privado. El estado prestacional está en continuo cambio de demandas y de limitación de la oferta por el tan temido déficit público, el reordenamiento es preferible a la acción residual.

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